25 abr 2021

AMLO actúa de nuevo en defensa de la soberanía energética

El Senado aprobó, el pasado 22 de abril, la reforma a la Ley de Hidrocarburos con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador persigue recuperar el control estatal del sector energético y favorecer a la gigante petrolera Pemex.

Efectivamente, esta iniciativa comparte la misma filosofía que la controvertida reforma energética que entró en vigor en marzo de este año y que actualmente está en suspenso tras la sentencia de un juez federal que dictaminó que atenta contra la libre competencia. Una vez más, AMLO defiende la “soberanía energética”. La nueva ley, que tuvo un acelerado proceso de discusión en el Congreso dominado por Morena, establece que la Secretaría de Energía (Sener) y el regulador energético, la CRE, podrán suspender permisos de todo tipo relacionados con crudo y gas ante un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional", tres conceptos sumamente vagos, lo que abre la puerta a una posible expropiación directa. La ley deja a discreción de las autoridades definir los criterios para determinar esas amenazas, lo que ha hecho saltar las alarmas por la inseguridad jurídica e incertidumbre que implica para las empresas privadas que cuentan con permisos para operar en el mercado. Además, establece que la autoridad se hará cargo de la administración y operación de permisos suspendidos para dar continuidad a las actividades, lo que incluye la ocupación temporal de instalaciones, que podrían ser manejadas y controladas por una empresa estatal, en este caso Pemex. Otro de los cambios aprobados, el menos polémico, va dirigido a combatir el negocio ilegal de combustibles, que ha provocado pérdidas por un valor de 147.000 millones de pesos (unos 7.400 mill.$) entre 2016 y 2018, según el Gobierno. Esta polémica ley también se enfrentará a múltiples amparos y obstáculos legales, ya que al igual que la aprobada en marzo, vulnera no solo la reforma constitucional energética aprobada por la Administración anterior sino también acuerdos comerciales regionales como el Transpacífico, así como el T-MEC con EE UU y Canadá y el acuerdo con la UE.

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