Reforma electoral a la medida de Ortega

Las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, se convierten bajo esta nueva normativa en un mero trámite para garantizar la continuidad del mandatario quien ya controla todas las esferas de poder en el país. La controvertida reforma le da a la policía la potestad de autorizar los mítines políticos de los opositores, anula la presencia de observadores internacionales en la jornada electoral y prohíbe de facto presentarse a aquellas personas que hayan participado en las protestas de 2018, en las que se exigía el fin del mandato de Ortega y que el régimen ha catalogado como un intento de golpe de Estado. Por si esto fuera poco, también se nombró a los magistrados para el Consejo Supremo Electoral (CSE), con una mayoría afín al partido de gobierno, lo que demuestra que Ortega ya ni se molesta en guardar las apariencias frente a la comunidad internacional. En definitiva, el control absoluto de los comicios estará en manos del gobernante Frente Sandinista (FSLN) quien además cuenta con el apoyo de las fuerzas militares. La oposición, por su parte, todavía confía en un mínimo de apertura del régimen debido a las presiones internacionales y las amenazas de nuevas sanciones. Lo cierto es que por el momento no se ha formado un grupo opositor sólido que pueda ejercer la presión necesaria sino que hay una decena de candidatos entre las que figuran Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, que aspira a repetir la hazaña de su madre, quien en 1990 derrotó a Daniel Ortega en unas elecciones supervigiladas. La comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su CSE con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios. Como se recordará tanto Washington como Bruselas han impuesto sanciones a funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos, incluyendo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.