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El Convenio para Combatir la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Económicas Internacionales, firmado por los países de la OCDE en diciembre de 1997, les compromete a introducir en sus sistemas legales nacionales las medidas necesarias para perseguir el delito de corrupción de funcionarios de terceros países. 

En España, la plena transposición del Convenio se ultimó con la Ley Orgánica 3/2000, de 11 de enero, que modifica la Ley Orgánica de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

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