29 mar 2021

Luz verde al paquete de 11.000 millones para empresas y autónomos

Se aprueba el nuevo conjunto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que incluye 7.000 millones de euros de ayudas directas, especialmente para pymes y autónomos, con ayudas entre los 3.000 y los 200.000 por empresa.

El Congreso de los Diputados ha aprobado un nuevo plan de ayudas a empresas – especialmente pequeñas y medianas - y autónomos, dotado con 11.000 millones de euros para transferencias directas, recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda en plena crisis económica causada por el coronavirus.

Esta nueva batería de ayudas pretende anticiparse a posibles problemas de solvencia debidos a las restricciones de actividad en los sectores y territorios más afectados por la pandemia, aliviando así la caída de ingresos y el sobreendeudamiento que pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas que son perfectamente viables.

El nuevo plan de ayudas se articula en tres fondos: una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores; una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.

Línea COVID de ayudas directas a pymes y autónomos

A través de la Línea COVID de ayudas directas serán las Comunidades Autónomas las que las concedan a las empresas y a los sectores más afectados por la pandemia. Esta batería de ayudas directas cuenta con dos ramas: por una parte, una de 2.000 millones de euros específica para las empresas de Canarias y Baleares, comunidades donde el sector turístico tiene un peso mayor; y, por otra parte, una de 5.000 millones de euros para el resto de regiones, que se distribuirán en función de indicadores de renta, desempleo y paro juvenil.

Estas ayudas son no reembolsables y de carácter finalista, y deberán estar destinadas al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas con proveedores y gastos fijos, como deudas bancarias y financieras, suministros energéticos, etc.

Podrán acceder a estas ayudas aquellas empresas y autónomos cuyos ingresos hayan descendido como mínimo en un 30% con respecto a 2019, dentro de un conjunto de casi cien sectores y actividades considerados los más perjudicados por la crisis económica derivada de las restricciones por la Covid-19; entre ellos, la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o los relacionados con la cultura. En el caso de los autónomos y microempresas con un máximo de 10 empleados, las ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída de ingresos.

Las ayudas directas serán de hasta 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y de entre 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto.

Estos 7.000 millones de euros de ayuda directa se suman así a los 24.000 ya transferidos desde el Estado a las Comunidades Autónomas para dar una respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia.

Para acceder a este nuevo plan de ayudas, las empresas y autónomos de los sectores especialmente afectados por la Covid-19 deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años, además de cumplir el resto de requisitos habituales: no tener su domicilio fiscal en un paraíso fiscal; no estar en concurso ni haber cesado de actividad en el momento de la solicitud; encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, etc.

Ayudas para la reestructuración de la deuda financiera

El segundo eje de acción del nuevo plan de ayudas, es el fondo de 3.000 millones de euros destinados a un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público. Es decir, dirigidos a la reestructuración de los más de 120.400 millones de euros de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en un 98% a pymes y autónomos. Así se permitirá que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.

Además, como medida de último recurso en este ámbito, se permitirá la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

Fondo de recapitalización de empresas medianas

El tercer y último pilar, para los casos en los que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se creará un fondo de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19, que eran viables en 2019 pero actualmente se enfrentan a problemas de solvencia. Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por la empresa público-privada COFIDES, en línea con el fondo implementado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para grandes empresas. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, tales como préstamos ordinarios, participativos, capital u otras modalidades a empresas que estén pasando por dificultades temporales y no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas del SEPI.

Entre las nuevas medidas también se incluye una extensión de cuatro meses para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.

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