07 mar 2021

Polémica reforma energética

La Cámara de Diputados aprobó, con 304 votos a favor, 179 en contra, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el pasado 23 de febrero. Pocos días después, el 3 de marzo, también recibió el visto bueno del Senado (con 68 votos a favor y 58 en contra). El objetivo de la norma, que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor, es dar prioridad a la empresa pública CFE (Comisión Federal de Electricidad) para subir su producción a la red en detrimento de los generadores privados, sobre todo de renovables.

El eje de la reforma, una de las grandes promesas electorales de AMLO, es eliminar el criterio económico en el despacho de la electricidad. Se despachará primero la energía generada en las hidroeléctricas de la CFE, después la de combustibles fósiles y otras fuentes de la compañía del Estado, luego la eólica y solar de generadores privados, y al final las de ciclo combinado de particulares, independientemente del coste de cada una de ellas. El presidente argumenta que el sistema del despacho con criterios económicos, impulsado en la reforma de 2013 del expresidente Peña Nieto, otorgó “grandes privilegios” a las privadas y provocó un “grave perjuicio” a la CFE, ya que en ocasiones impedía que las centrales de la paraestatal vaciasen su carga. Además, la iniciativa incluye cambios fundamentales en el otorgamiento o revocación de permisos a los actores privados. La revocación de estos contratos afectará a todas aquellas empresas a las que bajo el marco de la ley de 2013 les fueron expedidos permisos de autoabastecimiento a pesar de que su objetivo primario no es la producción de energía eléctrica para su propio consumo, sino para la satisfacción de necesidades de terceros. Dado que dichos permisos fueron expedidos por las autoridades bajo el amparo de la legislación anterior, su revocación puede dar pie a demandas ante los tribunales, Estas medidas, por otra parte, sientan un  precedente perjudicial para las inversiones en el país, dado que se pretende aplicar la ley de modo retroactivo. Los futuros permisos de generación estarán “sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía”, lo que, por un lado, implica el control del sector por parte del Ejecutivo, y por otro, permite una gran discrecionalidad, dada la vaguedad de las cláusulas. Otro aspecto que ha hecho saltar las alarmas es la modificación de las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), un instrumento financiero introducido por la reforma energética de 2013 para promover la instalación de nuevas plantas renovables. Con la nueva reforma, la concesión de los CEL “no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas”. En definitiva, podrá ocurrir que plantas viejas pudieran acceder a los certificados, que perderían su valor de mercado. También se elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas, licitaciones en las que los generadores privados compiten por vender energía a la rama de suministro de CFE.
│Análisis de costes
El Ejecutivo se apoya en un informe del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso, que estima un aumento de cerca de 6.777 mill.$ en las utilidades de CFE. No obstante, el CEFP también advierte que están en riesgo unos 22.550 mill.$ invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables. Además, el análisis considera que hay 28 empresas con un volumen de 8.904 mill.$ en inversiones, que estarían en posición de exigir indemnizaciones. Otro informe elaborado por la asociación México Evalúa estima un aumento de entre 1.350 y 2.750 mill.$ del coste anual de producción, porque las renovables cuestan entre 26 y 54 dólares por megavatio hora (MWh), mientras que la electricidad producida con carbón cuesta entre 65 y 169$ por MWh. Si se pone en práctica, la reforma causaría un “efecto dominó” que se extendería hacia toda la economía. El primer afectado sería la productividad del aparato industrial, lo que mermaría la competitividad global de México y, por extensión, pondrían en riesgo la recuperación económica del país. A los costes económicos hay que añadir los reputacionales y el impacto tan negativo que este tipo de medidas tiene sobre la inversión extranjera, que se enfrenta a una elevada incertidumbre con respecto a la viabilidad de las operaciones y de las propias inversiones presentes actualmente en el sector. Por si esto fuera poco, la reforma suscita serias dudas acerca de su compatibilidad con los compromisos internacionales de México. Los principios de libre concurrencia y libre competencia, recogidos en la referida reforma energética de 2013, se reflejaron en diversos compromisos internacionales de México, actualmente en vigor, relacionados con el acceso al mercado mexicano y la protección de las inversiones en territorio nacional, entre los que figura el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por último, si la reforma llegase a entrar en vigor, México con toda probabilidad incumplirá su compromiso, en el marco del Acuerdo de París, de generar el 35% de la electricidad con energías limpias para 2024. El futuro del nuevo marco energético, aún después de su aprobación, es incierto. Los partidos de la oposición han amenazado con presentar una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo que también tiene la facultad de recurrir al máximo tribunal, advirtió hace dos semanas de que la reforma viola el principio de libre competencia recogido en la Constitución, y recomendó al Congreso no aprobarla.

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