07 feb 2021
La reforma energética, de nuevo
López Obrador anunció, el pasado 2 de febrero, una revisión profunda del modelo eléctrico mexicano, una de sus grandes promesas electorales. El mandatario envió una iniciativa preferente al Congreso que daría prioridad a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), empresa productiva del estado, por encima de energías limpias y empresas privadas para subir su producción a la red.
Esta medida no hace sino revertir uno de los pilares de la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto en 2013 para abrir el sector a la inversión privada: la creación de un mercado eléctrico basado en el principio del “despacho económico”. En virtud del mismo, las centrales con menor costo de producción, es decir, las más eficientes, son las primeras en subir su electricidad a la red, lo que favorece a las renovables y a las centrales de ciclo combinado en manos de privados, generalmente más baratas. Mientras, las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE, con mayores costos de producción, tenían que esperar su turno. Obrador, que siempre fue contrario a la reforma energética de su antecesor, argumenta que dicho sistema otorgó “grandes privilegios” a las privadas y provocó un “grave perjuicio” a la CFE, ya que en ocasiones impedía que las centrales de la paraestatal vaciasen su carga.
│La Justicia falla en contra de la polémica reforma
Con la nueva propuesta de adjudicación, las hidroeléctricas de la CFE serán las primeras en despachar, seguidas de las otras plantas de la paraestatal, incluidas las termoeléctricas y los ciclos combinados. Finalmente, despacharán las plantas eólicas y solares y los ciclos combinados en manos de particulares. Como la capacidad eléctrica instalada en el país es superior a la demanda, es probable que estas últimas, paradójicamente las más limpias y baratas, se queden sin poder despachar. Una iniciativa que no solo pone en peligro la sostenibilidad de las plantas renovables, que en la actualidad abastecen el mercado eléctrico mayorista, sino que desincentiva cualquier futura inversión privada en el sector o incluso en el país. Como no podía ser de otro modo, las empresas afectadas no han tardado en reaccionar alegando que los cambios contradicen la legislación vigente y la Constitución. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo público autónomo encargado de garantizar la libre concurrencia en el país, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cabeza del Poder Judicial. La SCJN ha fallado que el plan gubernamental obstaculiza la competencia económica y que la Comisión Federal de Electricidad se ha beneficiado indebidamente por lo que invalida gran parte de los principales cambios promovidos por el ejecutivo.