Deróguese

El 29 de diciembre entró en vigor el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un mecanismo que ha levantado protestas por su posible inconstitucionalidad y por medio del cual se han derogado más de 300 leyes. Entre otras cosas, se aprueba la posibilidad de privatizar todas las entidades públicas y/o su conversión en sociedades anónimas; se introduce una reforma parcial del mercado laboral, del mercado de alquiler de viviendas y una reforma sectorial donde figura la aprobación de la prometida política de cielos abiertos para las aerolíneas. En cuanto a las normas que atañen al comercio intencional, se reforma del Código Aduanero, se elimina el registro de importadores y exportadores, y se simplifica el proceso y digitalización de las autorizaciones, así como el requisito de la capacidad económica para importar. Por otra parte, el Ejecutivo envió para su aprobación al Legislativo el pasado 27 de diciembre la conocida como Ley Ómnibus, llamada así por comprender un variado y amplio espectro de cambios legislativos. Se trata, en realidad, de la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que pretende, entre otras cosas y alegando situación de urgencia, otorgar al Ejecutivo poderes especiales para llevar cabo una profunda reforma fiscal. El Congreso ha acordado celebrar sesiones extraordinarias en enero, pero no se ha fijado aún fecha para debatir el proyecto de ley ómnibus. Estas medidas han provocado ya movimientos de protesta en las calles, si bien menos numerosas de lo inicialmente anticipado. No obstante, CGT, el sindicato mayoritario, ha convocado en respuesta una huelga general para el próximo 24 de enero. También ha logrado que un juez suspenda cautelarmente la reforma laboral que implica el DNU. Si bien el Gobierno apeló la medida, el pasado 4 de enero un juez federal desestimo su apelación. Esta y otras denuncias judiciales son en estos momentos el principal obstáculo para la aplicación de las reformas que pretenden el proceso más rápido de desregulación económica vivido por ningún país desde el fin de la guerra fría.

Misión clave del FMI

Una delegación del FMI llegó el pasado 4 de enero a Buenos Aires para entrevistarse con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la séptima revisión del Extended Fund Facility (EFF) de Argentina, que asciende a 44.000 mill.$. Si se aprueba, permitirá el desembolso de 3.300 mill.$, esenciales para apuntalar la situación financiera. Recordemos que a finales de enero Argentina debe devolve al Fondo un importe de 2.000 mill.$. El Gobierno del presidente Javier Milei ya ha tomado medidas para solicitar una exención de los criterios de ejecución del programa, ya que desde agosto, en plena campaña electoral y bajo el anterior Ejecutivo, se han incumplido varios objetivos; se espera que el FMI sea comprensivo y los criterios se suavicen hasta septiembre. De cara a esta próxima revisión del EFF, Milei podrá presentar las medidas tomadas y tanto el Decreto de Emergencia como el proyecto de ley ómnibus, que incluyen reducciones de las subvenciones arancelarias y reformas fiscales y laborales, aunque en la práctica, como ya hemos contado, su aplicación sigue estando en entredicho por la posible suspensión en los tribunales.