22 feb 2026
La Ley de Amnistía desata protestas
La aprobación de la ley de amnistía en Venezuela ha abierto un pulso inmediato por su aplicación real. Aunque las autoridades han anunciado centenares de excarcelaciones y sostienen que el proceso de liberaciones está en marcha, la oposición dice haber podido verificar solo una fracción y denuncia falta de transparencia, demoras y exclusiones.
El texto cubre el periodo 1999–2026, pero deja fuera determinados supuestos, y su ejecución depende de decisiones judiciales y administrativas que siguen bajo control del aparato estatal. En paralelo, se han registrado protestas de familiares y una huelga de hambre de más de 200 detenidos para exigir que las liberaciones se aceleren y alcancen a quienes permanecen encarcelados.
A la vez, la Administración de Donald Trump ha trasladado a Caracas una exigencia de cooperación en investigaciones de la Justicia estadounidense contra nueve integrantes del entramado chavista, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. Washington ha pedido acceso a documentación y trazabilidad financiera, además de facilitar interrogatorios, y explora vías de “entrega” o traslado que esquiven la extradición, prohibida para nacionales por la Constitución venezolana. La propuesta es un intercambio: si hay avances reales en casos específicos, se responderá con gestos de normalización y menos sanciones. En la práctica, EE.UU. vincula cualquier avance en esos expedientes a un posible alivio de sanciones. La incógnita es si esa cooperación será suficiente y sostenida o se limitará a gestos puntuales.