La retirada del subsidio al diésel desata protestas

El Gobierno de Rodrigo Paz ha eliminado la subvención restante al diésel y vinculado su precio al coste internacional de importación, lo que ha supuesto un incremento inicial de alrededor del 83%. La medida busca reducir una importante carga para las cuentas públicas: el FMI estimó que ya en 2024 los subsidios a los combustibles suponían un coste fiscal directo equivalente al 3,9% del PIB, principalmente por gasolina y diésel. Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo ha anunciado transferencias directas, créditos preferenciales y otras medidas de apoyo. La reforma se produce, además, en un contexto de profundo ajuste macroeconómico: en julio, el Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el FMI para un programa a tres años por 1.900 mill.$, todavía pendiente de la aprobación de su Directorio Ejecutivo, orientado a corregir los desequilibrios fiscales y externos, reconstruir las reservas y avanzar hacia un marco monetario y cambiario más flexible.

La retirada del subsidio ha provocado una rápida reacción social. El transporte interdepartamental ha convocado este lunes 21 un paro nacional de 24 horas, mientras distintos sectores han anunciado bloqueos y suspensiones de servicios en varias zonas del país, con amenazas de prolongar las movilizaciones si no se alcanza un acuerdo con el Ejecutivo. El episodio pone de manifiesto uno de los principales desafíos que ya señalábamos al analizar el acuerdo con el FMI: la necesidad de corregir los desequilibrios económicos contrasta con la dificultad de sostener política y socialmente unas reformas con efectos inmediatos sobre los costes de transporte, la actividad y el poder adquisitivo.