Naciones Unidas pide un alto al fuego inmediato y el G7 reclama un embargo de armas

Más de seis millones de personas se han visto desplazadas dentro de Sudán, mientras que otros 4,5 millones han huido del país. Según investigaciones de la ONU, tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) están recibiendo respaldo técnico y logístico de actores internacionales, lo que prolonga la impunidad y aleja la posibilidad de retornar a un gobierno civil. Ambos bandos están recurriendo cada vez más al uso de drones de largo alcance, extendiendo los ataques mucho más allá de las líneas de frente tradicionales. Las muertes por drones aumentaron un 600 % en el último año, pasando a representar el 80 % de las bajas civiles. Se estima que más de una docena de países y redes internacionales proporcionan apoyo militar, componentes, dinero y drones a las partes en conflicto. Por estas razones, los miembros del G7 han hecho un llamamiento urgente al Consejo de Seguridad para expandir el embargo de armas a la totalidad del territorio de Sudán con el fin de forzar el fin de la violencia. La Resolución 1591 del Consejo de Seguridad impuso un embargo de armas en 2005, pero solo se aplica a la región de Darfur, entonces la más afectada por las hostilidades. No obstante, desde que la actual guerra civil estallase en abril de 2023, los combates no se han restringido a esa zona, sino que se han extendido a Kordofán y el estado del Nilo Azul. Además, un embargo tan antiguo resulta completamente ineficaz para supervisar o frenar el tráfico de drones y tecnología militar moderna. El llamamiento incluye una petición de una tregua humanitaria y un diálogo independiente, creíble y liderado por civiles para devolver la paz y la prosperidad a Sudán.