Primer paso hacia la reestructuración de la deuda

La licencia general emitida por OFAC el 5 de mayo permite al Gobierno, a Pdvsa y a entidades vinculadas contratar servicios legales, financieros y de consultoría relacionados con una eventual reestructuración, lo que constituye el primer movimiento de Estados Unidos para facilitar la normalización financiera del país. Tras muchos años de chavismo, la opacidad de las cuentas públicas ha generado una elevada incertidumbre sobre el tamaño real del pasivo: se estima que la deuda ronda entre 150.000 y 200.000 millones de dólares en obligaciones soberanas y cuasi soberanas, mientras que los bonos impagados suman unos 60.000 millones.

La reestructuración será difícil por la composición de los acreedores y por los riesgos legales acumulados. La deuda con China y Rusia complica la posibilidad de realizar cualquier quita amplia, mientras que muchos bonos carecen de cláusulas que faciliten acuerdos colectivos, lo que eleva el riesgo de que haya acreedores disidentes. A ello se suman las reclamaciones de las empresas afectadas por nacionalizaciones y disputas sobre activos como Citgo, que pueden limitar el margen de maniobra del Gobierno y de Pdvsa. La reacción inicial del mercado fue positiva, con un repunte de los bonos venezolanos hasta niveles no vistos desde 2016. El reto será convertir esa apertura técnica en un proceso viable que ordene el frente financiero, reduzca la exposición judicial y dé credibilidad a la nueva etapa económica.