Estado de emergencia energética

Es cierto que Irán ha llegado a acuerdos bajo el polémico "peaje de soberanía", que exige pagos de hasta 2 mill.$ en criptomonedas o yuanes por cada buque que transite el Estrecho, pero se trata de una medida que, aunque otorga un respiro logístico a algunos socios estratégicos como China, India o Pakistán, sigue sin desahogar las cadenas de suministro regionales. En respuesta a este estrangulamiento energético, Filipinas ha declarado ya el Estado de Emergencia Nacional, que otorga poderes extraordinarios para intervenir el mercado de combustibles y suspender las metas de descarbonización en favor del carbón, mientras que Tailandia ha activado un plan de siete puntos que incluye la prohibición de exportar refinados, el estricto racionamiento eléctrico en oficinas públicas y el ajuste de aires acondicionados. Esta tendencia se ha extendido a diversos países como Vietnam, que eliminó sus aranceles de importación al petróleo e impuso el teletrabajo obligatorio para reducir el consumo; o Japón, donde el Gobierno ha movilizado una cifra récord de 32.000 mill.$ en subsidios directos y ha liberado reservas estratégicas de manera masiva para frenar la inflación. Por su parte, Corea del Sur reactiva su capacidad nuclear al máximo y restringe la circulación de vehículos públicos; e Indonesia lucha por sostener sus subsidios estatales ante un crudo que amenaza la estabilidad de su presupuesto nacional. En definitiva, en la región asiática toda la política económica gira ya en torno a la seguridad energética, desplazando por completo cualquier otra prioridad.