Petróleo primero, transición después

El esquema se articula a través de North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía privada que ha recibido derechos para desarrollar 17 campos con unos 65.000 millones de barriles de reservas. La Casa Blanca la presenta como un operador con experiencia reciente y capacidad para escalar producción. La duración no está del todo clara: Washington habla de derechos por 100 años, mientras Caracas sitúa el proyecto binacional en 25 años y subraya que Venezuela mantiene la propiedad de las reservas. La Casa Blanca estima que el proyecto podría generar unos 200.000 mill.$ en impuestos y regalías para Venezuela durante los primeros 25 años. EE.UU., por su parte, se asegura una posición económica equivalente al 35% de NABEP y el derecho a comprar a coste el 20% de su producción. El acuerdo confirma el giro de la política estadounidense hacia la estabilización y el petróleo, sin abandonar formalmente la transición democrática. Washington respalda desde agosto una nueva negociación entre el Gobierno y la oposición, aunque María Corina Machado permanece al margen y no existe todavía un calendario electoral. Trump considera que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones y Delcy Rodríguez evita fijar un calendario.

La formalización del acuerdo no elimina sus importantes riesgos jurídicos, políticos y operativos. La duración de los derechos, la capacidad de un Gobierno interino para comprometer durante décadas el principal activo estratégico del país y el encaje del nuevo esquema con la legislación venezolana podrían dar lugar a futuras impugnaciones. Persisten además el historial de expropiaciones y el deterioro de las infraestructuras. El proyecto prevé movilizar hasta 100.000 mill.$ en inversión, aunque persisten dudas sobre la capacidad de captar todo el capital previsto. En paralelo, el nuevo marco ya ha propiciado nuevos compromisos de inversión de compañías como Chevron y Eni, todavía modestos frente al volumen previsto. Otro frente será el de los acreedores: Venezuela todavía mantiene importantes obligaciones con China y Pekín ha reclamado que se respeten sus derechos después de que Washington afirmase que los ingresos de la nueva producción no responderán de esa deuda. Caracas ha aclarado, no obstante, que las empresas mixtas existentes con China y Rusia continuarán operando.

El realineamiento podría alcanzar incluso a la OPEP. Caracas estudia abandonar la organización que ayudó a fundar en 1960, aunque todavía no se ha adoptado ninguna decisión. Su impacto inmediato sobre la oferta sería limitado, ya que Venezuela está actualmente exenta de las cuotas de producción, pero su significado político sería considerable: reforzaría el acercamiento energético a Washington justo cuando el país aspira a recuperar rápidamente su capacidad petrolera. El acuerdo amplía notablemente la influencia estadounidense sobre el sector y puede contribuir a estabilizar la economía venezolana, pero sigue muy lejos de garantizar una recuperación rápida de la producción o de resolver los conflictos jurídicos, financieros y políticos acumulados durante décadas.