27 mar 2022

Régimen de excepción

El Congreso de El Salvador decretó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción con la intención de frenar un "incremento desmedido" de los asesinatos, 76 en tan solo dos días. La iniciativa fue aprobada con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria convocada a petición del presidente Bukele quien tiene la mayoría garantizada en el legislativo.

Esta medida excepcional, que estará en vigor 30 días, implica la suspensión de la libertad de asociación, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. Además, deja sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y extiende el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas. El presidente justificó esta restricción de las libertades públicas en la necesidad de poner freno a las "graves perturbaciones del orden público por grupos delincuenciales". El Salvador ha sido durante años uno de los países más violentos del mundo, debido en buena parte a las actividades de las maras, cuyos miembros se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades delictivas. Las autoridades no han dado detalles de las razones de este repunte que pone en jaque una de las principales promesas de Bukele quien hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato por la mejora en los indicadores sobre homicidios.

Una medida polémica

Diversas voces internacionales han mostrado su preocupación ante el régimen de excepción. Expertos señalan que contradice tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por El Salvador que establecen que no pueden suspenderse “garantías judiciales”. Además, critican que el Ejecutivo no ha agotado otras alternativas para la lucha contra la criminalidad antes de ejecutar una medida bastante extrema que afecta varios de los derechos fundamentales a la ciudadanía. Además, se teme que el decreto puede facilitar abusos por parte de las autoridades tal y como ocurrió con las detenciones que se hicieron durante la emergencia del covid-19 en 2020. Estas preocupaciones no sorprenden dado el carácter cada vez más autoritario del presidente  con frecuentes ataques a la separación de poderes

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