Sall confirma su salida y anuncia una amnistía política

Aunque la confirmación de que Sall acatará la norma constitucional ha aliviado los peores temores, la crisis política continúa. Tras dos días de negociaciones entre líderes políticos, religiosos y de la sociedad civil en Dakar, se propuso que los comicios se celebrasen el 2 de junio; no obstante, este plan también implicaba que Sall se mantuviese en el puesto hasta entonces, razón por la que la oposición ha rechazado la propuesta en su conjunto. La mayoría de los candidatos a la presidencia reclaman que las elecciones se celebren lo antes posible, tal y como ha decretado recientemente el Tribunal Constitucional. Los plazos establecidos en la Constitución implican que los comicios tendrían lugar después de la salida de Sall; en el ínterin, la Carta Magna ordena que sea el portavoz del Parlamento (actualmente Amadou Mame Diop, nombrado por Sall en 2022) el que asuma los poderes presidenciales en caso de ausencia del jefe de Estado, postura que defiende la oposición. Se espera que la reunión del gabinete ministerial programada para el 6 de marzo produzca una decisión al respecto. De momento, para intentar calmar la inestabilidad provocada por las caóticas decisiones de los últimos meses, Sall ha anunciado una amnistía para todos los involucrados en las protestas ciudadanas celebradas desde 2021, que fueron reprimidas con violencia por las fuerzas del orden y se saldaron con múltiples muertos y más un millar de detenidos. Esta decisión ya ha conllevado la liberación de unos 300 detenidos, e incluso podría dejar en libertad a los principales opositores de Sall, Ousmane Sonko y su sustituto en la candidatura presidencial de su partido, Diomaye Maye. No obstante, la ley de amnistía ha generado reacciones críticas en todo el espectro político: en el partido gobernante se teme que crímenes violentos queden sin castigo y que una posible salida de Sonko avive las protestas, mientras que entre la oposición se conjetura que la legislación se pueda usar para exonerar a las autoridades policiales de su uso excesivo de la fuerza y a la administración de Sall por lo que consideran un “intento de golpe de Estado constitucional”. Los socios internacionales de Senegal continúan haciendo un llamamiento al cumplimiento de los preceptos constitucionales y a la vuelta a la estabilidad política en el país que, al menos hasta ahora, ha sido un faro de fortaleza institucional en la región de África Occidental.