Golpe contra el crimen organizado en Río de Janeiro

El objetivo era el Comando Vermelho (CV), una de las principales y más antiguas facciones criminales de Brasil. Se movilizaron unos 2.500 efectivos, que encontraron una violenta resistencia por parte del CV, que llegó a utilizar tácticas de guerrilla urbana, incluyendo el bloqueo de carreteras y el uso de drones para lanzar explosivos. El gobernador de Río, el derechista Cláudio Castro, defendió la acción en el marco de la "guerra contra el narcoterrorismo", a pesar de las pérdidas humanas. Sin embargo, la magnitud de la matanza y el hecho de que una acción de tal envergadura se ejecutara sin el conocimiento ni el apoyo logístico de la administración central han ocasionado una fuerte tensión con el Gobierno Federal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este episodio ha expuesto la debilidad política del presidente Lula en materia de seguridad y orden público, un aspecto que preocupa mucho a la ciudadanía (según una encuesta, el 62% de los residentes de Río y nada menos que el 88% de los que viven en las propias favelas apoyaron la incursión policíal) pero que el Gobierno de izquierdas no ha priorizado; en cambio, la oposición de derechas se anota un tanto ante la opinión pública. Pensando en las elecciones generales de 2026, hasta este momento, el presidente capitalizaba éxitos recientes (rechazo a aranceles, acercamiento con Trump, reforma fiscal progresiva, condena a Bolsonaro). Sin embargo, la atención se ha centrado de nuevo en la delincuencia, un terreno donde Lula se encuentra en desventaja frente a una oposición que explota la narrativa de la "mano dura"..