La política de Trump contra la inmigración ilegal: emergencia nacional en la frontera mexicana

Además, ordenó el despliegue del ejército en la frontera, suspendió el reasentamiento de refugiados y cerró la aplicación CBP One, una herramienta que permitía a los migrantes programar citas para ingresar legalmente a EE.UU., dejando en el limbo a unos 30.000 solicitantes. También reactivó la política "Permanecer en México", que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos de asilo. La medida más polémica fue la orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento (en el caso de padres indocumentados o con visas temporales), que ha desatado de inmediato una batalla legal, y ha sido suspendida temporalmente por inconstitucionalidad por un juez federal. Por otra parte, ha designado a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que refuerza la capacidad del Gobierno estadounidense para actuar contra ellos. En el ámbito institucional, ha sustituido a varios altos cargos del sistema judicial de inmigración, con la intención de alinear las actuaciones de la agencia con su programa. Trump ha reafirmado su compromiso de deportar a “millones y millones” de inmigrantes indocumentados, una promesa central de su campaña. Aunque muchas de estas órdenes enfrentarán impugnaciones judiciales, representan un drástico giro respecto a las políticas de Joe Biden y consolidan la postura de Trump de mano dura contra la inmigración.

│Comienzan las deportaciones de guatemaltecos

Paralelamente, EE.UU. ha iniciado deportaciones masivas con aviones militares, comenzando con Guatemala. El país centroamericano ya ha recibido 264 ciudadanos repatriados y se prepara para gestionar hasta 18 vuelos semanales. Guatemala ha sido el primer destino de esta política debido a su disposición a cooperar con EE.UU., su cercanía geográfica y el alto número de migrantes guatemaltecos en territorio estadounidense. El gobierno de Bernardo Arévalo ha aprobado planes de asistencia, incluyendo albergues y programas de reinserción laboral, pero la llegada masiva de deportados podría desencadenar una crisis social y económica. Por otro lado, las remesas representan una parte fundamental de la economía del país. En 2024, Guatemala recibió 21.510 mill.$ en remesas, equivalentes al 18% de su PIB. Trump ha amenazado con imponer restricciones a estos envíos, lo que agravaría aún más la situación de miles de familias. Esta política de mano dura en materia migratoria constituye un enorme reto para la región, que tendrá grandes dificultades para absorber el impacto social y económico que va a acarrear.

│Colombia cede para evitar aranceles

Colombia ha servido de ejemplo para mostrar lo que pueden esperar los países que pretendan resistirse a las políticas estadounidenses contra la inmigración ilegal. La negativa del presidente Petro a permitir el aterrizaje de dos aviones con deportados, el pasado 26 de enero, desencadenó automáticamente la imposición de un gravamen del 25% sobre todos los productos procedentes de Colombia (una cuarta parte de cuyas exportaciones se dirige a EE.UU), con la advertencia de que aumentaría al 50% en el plazo de una semana, así como la suspensión de los trámites de visado. Pocas horas después el Gobierno colombiano se plegó a aceptar a los deportados, por lo que estas sanciones no han llegado a hacerse efectivas.