Acuerdo con el FMI

El acuerdo, todavía sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo, ha avanzado también internamente: el Gobierno remitió el 3 de septiembre a la Asamblea Legislativa el proyecto para autorizar la financiación. El regreso a un programa con condicionalidad del FMI después de dos décadas marca una ruptura con buena parte del modelo aplicado durante los gobiernos del MAS. Durante años, los ingresos del gas permitieron financiar gasto y subsidios y sostener un tipo de cambio prácticamente fijo; la caída de la producción de hidrocarburos redujo después la entrada de divisas mientras persistían elevados déficits fiscales, provocando pérdida de reservas, escasez de dólares y combustibles y fuerte inflación. El FMI prevé para 2026 una contracción del PIB del 3,3% y una inflación superior al 20%.

El programa contempla ajuste fiscal, retirada gradual de subsidios, mayor flexibilidad cambiaria, fin de la financiación monetaria del déficit y reformas para atraer inversión privada. El ajuste ya ha comenzado: tras depreciarse alrededor de un 24% con la introducción del nuevo régimen cambiario, el boliviano ha recuperado parte del terreno perdido gracias a las expectativas generadas por el acuerdo y al endurecimiento monetario del Banco Central, aunque a costa de encarecer el crédito y agravar potencialmente la contracción. A las dificultades económicas se añade un frente político cada vez más complejo: la retirada parcial de la subvención al diésel para los grandes consumidores ha provocado protestas y bloqueos, mientras el Gobierno ha perdido apoyos parlamentarios y el ministro de Economía dimitió en agosto tras ser censurado. El respaldo multilateral reduce el riesgo de una crisis externa desordenada, pero la capacidad del Gobierno para sostener política y socialmente el ajuste será decisiva para el éxito del programa.