24 oct 2021
Asalto al Congreso
Cientos de veteranos militares guatemaltecos entraron a la fuerza en el Congreso de Guatemala, el pasado 19 de octubre, para exigir la aprobación de una iniciativa de Ley que les otorgue una compensación económica por su participación en el conflicto armado interno que vivió el país entre los años 1960 y 1996.
Los excombatientes llevaban varios meses de protestas si bien la semana paso dieron un paso más al tomar el órgano legislativo de manera violenta utilizando palos y machetes. Varias personas resultaron heridas, entre ellas tres periodistas. Los exmilitares exigen una remuneración, pues aseguran que fue una promesa de Alejandro Giammattei, actual presidente de este país, durante su campaña electoral de 2019. La compensación solicitada asciende a 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares (alrededor de 900.000) que prestaron sus servicios durante el conflicto armado. Como se recordará, la guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Dejó más de 250.000 muertos y desaparecidos en los 36 años de enfrentamiento, si bien informes de organismos internacionales aseguran que más del 90 por ciento de estas muertes y desapariciones, son responsabilidad del Ejército de Guatemala.
│Estado de sitio
El presidente Alejandro Giammattei decretó, el 24 de octubre, el estado de sitio en un municipio del departamento de Izabal, en el noreste del país, donde se han registrado enfrentamientos en los últimos días entre comunidades indígenas que se oponen a una mina y las fuerzas de seguridad. Con esta medida, que tendrá una vigencia de 30 días y debe ser ratificada por el Congreso, el Estado puede prohibir la libre movilidad de la población, diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin orden judicial, entre otras disposiciones. Las protestas se remontan a hace 21 días, cuando las comunidades indígenas montaron un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños. El procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, ha manifestado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y afirmó que la mina funciona "ilegalmente" al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto..