La Casa Blanca reorganiza su estrategia comercial tras el fallo del Supremo

Esta medida se ha tomado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite recargos temporales por desequilibrios en la balanza de pagos. Aunque Trump amenazó al día siguiente en redes sociales con elevar esta cifra mediante un 5% adicional (alcanzando un total del 15%), por el momento esto se mantiene como un anuncio político y no como una orden ejecutiva oficial con efectos legales. Mantener por ahora este nivel del 10% parece en realidad una decisión estratégica para no romper los acuerdos bilaterales ya firmados bajo condiciones del 10%, como en los casos de Reino Unido o Australia. El 5% adicional se mantendría como amenaza para lograr cerrar o ratificar los acuerdos en negociación. En este sentido, la Administración estadounidense trabaja ya a contrarreloj para abrir nuevas investigaciones bajo la Sección 301 (sectorial) y la Sección 232 (seguridad nacional) que permitan volver a subir esos aranceles de forma "legal" y duradera. Cabe destacar que muchos sectores, como el automotriz, acero, aluminio, solar y semiconductores, no se verían beneficiados por el fallo, ya que cuentan con aranceles de entre el 15% y el 100% que seguirían vigentes, al haber sido aprobados al amparo de estas dos secciones y no bajo el IEEPA. De hecho, tras el día 24 de febrero, el arancel medio efectivo de EE.UU. pasó a ser del 13,7% (16% antes de la decisión del Supremo).