Manifestaciones multitudinarias

La divisa persa ha perdido en el último año más de un 80% de su valor, al situarse actualmente el tipo de cambio por encima de los 1.400.000 riales por dólar. Como resultado, la inflación se ha disparado en los últimos meses por encima del 40%. A esto se suma la escasez de bienes básicos, como alimentos, electricidad y agua. Con el paso de los días, las protestas se han extendido a lo largo del país, adoptando un matiz cada vez más político, en contra del régimen teocrático dirigido por el ayatolá Jamenei. Inicialmente el Gobierno mostró una postura conciliadora, anunciando algunas medidas sociales para atenuar las difíciles condiciones económicas; sin embargo, poco después adoptó, al igual que en anteriores episodios de contestación social, medidas represivas para neutralizar las movilizaciones. El 8 de enero las autoridades bloquearon por completo las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet para impedir la coordinación de los manifestantes. El apagón ha estado acompañado de una mayor brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas ONG, como la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirman haber verificado el asesinato de cerca de medio millar de manifestantes, en su mayoría por impactos de munición real. Además, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 10.000 personas. El apagón de las telecomunicaciones imposibilita analizar la evolución y la magnitud de las protestas. Algunas fuentes sugieren que el régimen se enfrenta al mayor desafío social desde el derrocamiento del sha, en 1979. Los disturbios han provocado incendios en numerosos edificios públicos, como mezquitas, sedes gubernamentales y bancos. Por ello, ha cobrado fuerza la posibilidad de que las movilizaciones acaben fracturando al régimen. Tampoco se descarta el escenario opuesto: que la represión sea tan feroz que termine por fortalecer el control que ejercen las autoridades sobre la sociedad civil.