Nueva crisis política

El presidente interino José María Balcázar defendía aplazar la decisión hasta la llegada del próximo gobierno, prevista para julio, con el argumento de que una administración transitoria no debía cerrar una operación militar de gran escala, alto coste y efectos de largo plazo. Sin embargo, parte de su gabinete sostuvo que el proceso ya estaba comprometido, que los contratos habían sido firmados y que frenarlo podía generar penalidades y dañar la credibilidad del Estado. La tensión terminó con la salida del canciller y del ministro de Defensa, mientras el Ministerio de Economía confirmó un primer pago de 462 millones de dólares dentro de una compra estimada en 3.500 millones.

El caso abre tres frentes. El primero es económico: el Gobierno justifica el desembolso como una forma de evitar mayores costes contractuales, aunque persisten dudas sobre la prioridad del gasto y sobre el proceso de selección, cuestionado porque se habría descartado un concurso público y se habrían dejado de lado otras alternativas. El segundo es político: la crisis muestra la debilidad de Balcázar, desautorizado por ministros, mandos militares y sectores del Congreso en una decisión sensible, y se produce además en pleno recuento electoral, con la segunda vuelta aún pendiente de definición. El tercero es geopolítico: la adquisición no es una compra comercial cualquiera, porque implica equipamiento militar estratégico, entrenamiento, mantenimiento, interoperabilidad y una relación de largo plazo con Estados Unidos. En un contexto en que China es el principal socio comercial de Perú y ha ganado peso en sectores clave de la región, Washington busca reforzar vínculos con aliados latinoamericanos.