Caracas abre su subsuelo a la inversión extranjera

El movimiento llegó tras la visita a Caracas del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, junto a representantes de una veintena de compañías. Poco después, Washington autorizó transacciones con Minerven, la empresa estatal del oro de Venezuela —equivalente en su sector a PDVSA—, y recibió un primer cargamento de oro venezolano valorado en 100 millones de dólares. La reforma, la primera de calado en más de dos décadas, contempla ofrecer más seguridad jurídica, ampliar las concesiones de 20 a 30 años y facilitar la inversión en un sector clave asentado sobre el Arco Minero del Orinoco, una franja de unos 112.000 kilómetros cuadrados, cerca del 12% del país. Sin embargo, es un territorio marcado por la minería ilegal, la presencia de grupos armados, la corrupción y el deterioro ambiental, de modo que el cambio normativo solo será relevante si logra traducirse en control territorial efectivo, estabilidad productiva y confianza para la inversión.

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Washington también ha autorizado la importación de fertilizantes y otros productos petroquímicos procedentes de Venezuela, en el contexto de la guerra con Irán, que ha provocado el encarecimiento global de la energía y los fertilizantes, y de la presión creciente sobre el campo estadounidense. La novedad es que no se crea un esquema completamente nuevo, sino que se extiende el marco ya utilizado para el petróleo: el Tesoro amplió la definición de “petróleo de origen venezolano” en una licencia ya existente para incluir también fertilizantes y otros derivados. Esto permite mantener la misma lógica de supervisión, ya que, al igual que en las ventas de crudo controladas por EE UU, los compradores estadounidenses deben depositar los pagos en una cuenta offshore bloqueada antes de su desembolso al banco central venezolano. Además, el Departamento del Tesoro emitió otra licencia para trabajos en la red eléctrica venezolana, una medida orientada a sostener una infraestructura muy deteriorada y a facilitar la reactivación del sector petrolero y de otras industrias. El resultado es que, más que una normalización plena, lo que se consolida es una flexibilización selectiva para ciertos sectores en  función de las necesidades energéticas y agrícolas de Estados Unidos.