Anuncio oficial de reestructuración

El movimiento llega después de que la licencia de OFAC abriera la puerta a contratar asesoría legal y financiera, pero su viabilidad sigue dependiendo del marco de sanciones de Estados Unidos y de la disposición de acreedores y litigantes a entrar en una negociación. El volumen del problema sigue siendo el principal condicionante: el país acumula unos 60.000 millones de dólares en bonos impagados y unas obligaciones totales que superan los 150.000 millones si se incluyen deuda de Pdvsa, intereses acumulados y laudos arbitrales. Caracas prevé presentar el próximo mes un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de la deuda, documentos clave para medir qué alivio buscará, con qué capacidad futura de pago y bajo qué supuestos de recuperación. El avance, por ahora, sigue pendiente de plazos, términos e interlocutores claros con los acreedores, además de nuevas señales sobre el alcance real de la cooperación con Washington.

En paralelo, la Asamblea Nacional amplió el Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados, una reforma que el oficialismo presenta como vía para agilizar la justicia y abrir un “gran acuerdo nacional”. La medida puede leerse también como parte del intento de reconfigurar las condiciones institucionales ante una eventual negociación con inversores y acreedores: sin reglas previsibles, la normalización financiera pierde credibilidad. La reforma llega, además, con un antecedente difícil de obviar: en otros momentos del chavismo, el tamaño del TSJ también se modificó con argumentos de eficiencia, aunque con efectos claros sobre el control político del tribunal. Ahora, la ampliación abre espacio a sectores no chavistas tolerados, pero no garantiza un cambio real en la independencia judicial. La cuestión es si esta reforma mejora la independencia judicial o solo reorganiza el control político del máximo tribunal.