Brexit, al borde del precipicio

La pasada semana el Brexit atravesó su enésima semana decisiva desde que tuviese lugar la celebración del referéndum en junio de 2016. Tras el abrumador rechazo del Parlamento británico el pasado enero al acuerdo que Theresa May había firmado con la Unión Europea; la primera ministra regresó a Bruselas con el mandato de renegociar la cláusula de salvaguarda irlandesa. El objetivo de esta medida es evitar el restablecimiento de controles fronterizos entre las dos partes de la isla de Irlanda para, de esta forma, preservar la paz en el Ulster. Según lo establecido en el Acuerdo si, una vez cumplido el período de transición, Reino Unido y la UE no han consensuado qué tipo de relación mantendrán a futuro se activará automáticamente la cláusula de salvaguarda. De esta forma, se creará una unión aduanera temporal en la que Irlanda del Norte deberá cumplir ciertas normas comunitarias en materia de regulación comercial que no aplicarán al resto del país. En la práctica, esto implicará trasladar la frontera de la isla de Irlanda al mar de Inglaterra ya que habría que realizar controles aduaneros en los intercambios comerciales dentro del propio Reino Unido. Algo a lo que el Partido Unionista Norirlandés (DUP), garante del Gobierno de May, y el ala más dura del partido conservador se oponen radicalmente. El mandato del Parlamento británico a May era claro: debía conseguir garantías legales de forma que Bruselas asegurase la temporalidad de la salvaguarda irlandesa. Tras varias semanas de negociaciones técnicas entre el representante europeo, Michel Barnier, y el abogado general del Estado británico, Geoffrey Cox, Reino Unido consiguió arrancar in extremis una serie de concesiones adicionales al texto. A última hora del lunes 11 de marzo la primera ministra y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron tres medidas que subrayaban la temporalidad de la salvaguarda irlandesa. En principio, estos tres puntos serían suficientes para que May consiguiese el respaldo de un número suficiente de diputados británicos. Sin embargo, todo se torció cuando, unas horas antes de la votación, el propio Cox publicó su opinión legal sobre el resultado de las negociaciones que había liderado. El abogado general del Estado concluyó que dichas medidas adicionales no suponían ninguna modificación legal a lo inicialmente acordado. Esto fue lo que determinó el voto en contra de gran parte de los diputados británicos.  

Continúan las negociaciones

El día 12 de marzo el Parlamento volvió a rechazar el Acuerdo con 391 votos en contra frente a 242 a favor (una diferencia menor al resultado de enero cuando obtuvo 432 votos en contra y 202 a favor). A esta votación le siguió otra el día siguiente en la que una mayoría de los diputados votó en contra de una salida a las bravas del bloque comunitario. Ello explica que el jueves 14 de marzo, tal y como se esperaba, el Parlamento ordenase al Ejecutivo extender la vigencia del Artículo 50 (lo que evitaría la salida abrupta). Sin embargo, la Cámara puso condiciones a la duración de la prórroga: si antes del jueves 21 de marzo (cuando está previsto que se celebre el Consejo Europeo donde los Veintisiete deberían aprobar o rechazar la extensión) el Parlamento había avalado el texto, la prórroga sería tan solo de unos meses, lo suficiente para poder trasladar el Acuerdo a la legislación británica (se barajaba el 30 de junio como fecha máxima). Si, por el contrario, el Parlamento volvía a rechazar el Acuerdo, la prórroga podría ser mucho mayor (se hablaba incluso de 2020).   Este escenario exige, pues, que se celebre una tercera votación en el Parlamento británico y una nueva prueba para May. A lo largo de estos meses la primera ministra ha mantenido su incansable estrategia política de poner contra las cuerdas a los diputados británicos para intentar así forzar el apoyo a su plan. Esta estrategia, cuyo éxito a la vista de los resultados es más que cuestionable, pretendía por un lado granjearse el apoyo de los diputados favorables a la permanencia ante la alternativa de un Brexit sin acuerdo. Mientras que por el otro, pedía el voto de los euroescépticos ante la posibilidad de permanecer en la UE. May pensaba que apuntando a ambos bandos alguno terminaría por ceder. De hecho parecía que, en esta ocasión, el ala dura de los conservadores más los 10 diputados del Partido Unionista Norirlandés estarían dispuestos a apoyar el texto en una tercera votación en el Parlamento.  Sin embargo, ha sido el portavoz de la Cámara, John Bercow, quien ha recordado al Gobierno que no puede someter el texto a una tercera votación sin incluir cambios sustanciales en el mismo. Esta decisión, muy inesperada, ahonda más si cabe la grave crisis política en la que se encuentrasumido el país pero, sobre todo, coloca de nuevo a Reino Unido al borde del abismo de un Brexit sin acuerdo.   Si quieres seguir leyendo noticias relacionadas, haz clic aquí.