¿Cuándo será efectiva la nueva Unidad de Mercado en España?

La Ley de Unidad de Mercado tuvo su pistoletazo de salida el pasado viernes 25 de enero el Consejo de Ministros con la aprobación de su anteproyecto. La ley tiene como objetivo garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios españoles. No era lógico hasta ahora que un país que comparte unidad de mercado con el resto de socios de la Unión Europea, no lo tuviera dentro de sus propias fronteras. Los grandes titulares que generó la noticia han emocionado a más de un empresario, harto de burocracia, pero no es oro todo lo que reluce. Pasemos a analizarla. Vayamos por partes, para poder entender algo. En líneas generales, la ley pretende establecer que cualquier producto o servicio producido al amparo de la normativa de una determinada comunidad autónoma pueda ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales como licencias o requerimientos autonómicos en materia de especificaciones técnicas, envasado o etiquetado. Pero como el Estado no quiere, ni puede (porque las competencias están transferidas), imponer una legislación unificada, lo que se propone es que comience a funcionar una especie de código de buenas prácticas y que las comunidades confíen unas en las otras para reconocerse mutuamente la legitimidad. Es decir, si la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autoriza este producto o servicio, la de Valencia, por ejemplo, debe dar por supuesto que ese es un criterio correcto y por tanto aceptarlo también en su territorio. Con su puesta en práctica se evitarán cosas tan absurdas como tener que hacer 17 versiones diferentes de su producto para poder venderlo en cada una de las Comunidades Autónomas españolas, como le ocurre a Cirsa con sus máquinas recreativas, por poner un ejemplo. Tener que darse de alta en cada comunidad a la que se quiera optar a una concesión, como deben hacer hasta ahora las constructoras; O sacar una licencia de autorización de trabajo distinta si se es profesional y se quiere ejerce en distintos territorios. Hasta ahora, esos impedimentos a la hora de poner en marcha o gestionar un negocio han llevado a España a ocupar la decepcionante posición 33 de un ranking de dificultades para hacer negocios en el que se analizan 148 países. Autoridades públicas y representantes empresariales no han parado durante toda la semana pasada de laurear la iniciativa del Gobierno. Pero de la intención a que la realidad se imponga todavía queda mucho tiempo. Primero, porque se está hablando de una proposición de Ley que debe pasar por el farragoso trámite parlamentario de ir al Senado, volver al Congreso y ser ratificada en ambos. Además, como es una legislación que afecta a ayuntamientos, comunidades autónomas, etc. es necesario abrir un período de alegaciones en el que participen todos. De momento, sólo Canarias ha levantado la mano para protestar al asegurar que es un texto diseñado al dictado de las grandes superficies y sin contar con los territorios que son los que mantienen las competencias. Y es que, como se ha comentado antes, efectivamente, la ley apenas cambia nada. Las CCAA seguirán teniendo sus legislaciones propias y sólo si son flexibles lo que prometen los titulares se hará realidad. De momento, nada se pondrá en marcha hasta por lo menos el verano, teniendo en cuenta que el proceso parlamentario de aprobación no será inferior a medio año. Por otro lado, en la letra pequeña de la propuesta dice, entre otras cosas, que para que un profesional pueda ejercer en una comunidad diferente a la suya, sus datos deben estar en una base de datos común a la que tengan acceso todas las comunidades autónomas. Por lo que, primero, se hará de crear esa base de datos. Además, trabas como la del idioma o las características con las que tiene que etiquetarse los productos o servicios no se han tocado. El Gobierno se excusa diciendo que eso está regulado por una ley europea en la que se considera el español como lengua oficial y que consultados los empresarios no han manifestado que esto sea un gran hándicap. Pero esta es la misma ley que rige en la actualidad y la mayoría de las comunidades autónomas define una legislación distinta que a veces implica multitud de cambios y eso sin hablar del idioma, que tampoco se modifica. A pesar de estos contras, el Gobierno ha realizado una estimación de lo que puede suponer la ley para las arcas públicas. El ahorro de costes para las empresas puede generar una aportación a la economía del 1,5% del PIB en diez años, o lo que es lo mismo unos 1.500 millones de euros por año. Estas estimaciones son fruto de la deducción de que el dinero que se destinaba a papeleo innecesario, las empresas lo reinvertirán en otras tareas más productivas y eficientes. Además, la simplificación administrativa que conllevará esta nueva norma permitirá liberar un 2,07% de los trabajadores dedicados a estas tareas y un incremento de la productividad del 1,3% para la economía española.