Ejecuciones públicas

Los dos acusados fueron condenados por el Tribunal Supremo del país a la pena capital por, supuestamente, asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad. El proceso judicial se ha llevado a cabo en apenas unas semanas, una agilidad inusual en un país donde las causas suelen demorarse años. El ahorcamiento de los arrestados en plazas públicas ha sido interpretado como una maniobra del régimen para intensificar el clima de terror y desalentar, así, las protestas. Desde que comenzaron las movilizaciones las autoridades han respondido al descontento social con medidas represivas, empleando con cierta frecuencia el uso de munición real para desactivar las protestas. Según Amnistía Internacional, más de 300 manifestantes han fallecido, incluido 44 niños. Las asociaciones temen que se produzcan nuevas ejecuciones públicas en las próximas semanas, dado que al menos otros cinco detenidos han sido condenados a muerte por el Tribunal Supremo. Entre los miles de arrestados se encuentran, también, importantes personalidades de la cultura iraní. El 17 de diciembre las fuerzas de seguridad detuvieron a Taraneh Alidoosti, una de las actrices y directoras de cine más populares de Irán, acusada de apoyar las protestas en sus redes sociales. La represión ha sacudido también al mundo del fútbol. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales ha instado a las autoridades persas la retirada de la pena de muerte al exjugador Amir Nasr-Azadani. Mientras tanto las concesiones del régimen a las demandas de los manifestantes han sido inexistentes, tan solo retirar de las calles a la policía de la moralidad, la unidad responsable de la muerte de la joven Mahsa Amini por no cumplir con el código de vestimenta a finales de septiembre.