04 sep 2022

Petro toma posesión

Gustavo Petro tomó posesión el pasado 7 de agosto como presidente de Colombia. Su ascenso al poder inaugura una nueva era política en el país que por primera vez en su historia será gobernado por la izquierda. Francia Márquez fue investida como vicepresidenta convirtiéndose para los próximos cuatro años en la primera afrocolombiana en el segundo cargo más importante del Estado.

Como se recordará, el líder de la coalición Pacto Histórico se impuso al empresario Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 19 de junio de 2022. Petro supo ganarse, entre otros, al electorado joven y a las mujeres con una agenda basada en la promoción de la igualdad y de reformas económicas y poniendo las políticas de medio ambiente en el centro de su programa. Lo cierto es que el mandatario ha generado expectativas poco realistas de cambio económico, social y político. Las promesas de implantar importantes programas de bienestar social, acometer una transición energética acelerada, intensificar la lucha contra la corrupción y aumentar la inversión en infraestructuras, entre otras, se verán obstaculizadas por cuestiones económicas, como la inflación y los déficits gemelos (público y por cuenta corriente), pero también por la dificultad para lograr consensos en un Congreso muy fragmentado (pese a los apoyos iniciales con los que cuenta) y por la fuerte oposición que suscitan estas propuestas en amplias capas de la sociedad y las instituciones. Las propuestas más radicales podrían, pues, diluirse por la falta de mayorías claras en el Legislativo. De hecho, ya se ha visto obligado a reducir la ambición de su proyecto inicial de reforma fiscal  y a incluir en su gabinete a políticos y tecnócratas de todo el espectro, desde conservadores hasta comunistas. En cualquier caso, al margen de mayorías, la agenda es demasiado ambiciosa a nivel social y de difícil financiación. Por otra parte, también tendrá que enfrentarse a la comunidad empresarial, que aunará fuerzas para evitar el avance de algunas de las medidas más polémicas. Si no se cumplen las expectativas de los votantes, se corre el riesgo de socavar el desarrollo de la política de izquierda en Colombia.

Reforma fiscal

A finales de esta semana se someterá a votación en el Congreso el proyecto de ley de reforma fiscal presentada el pasado 8 de agosto. Las medidas están encaminadas, en su mayoría, a incrementar la tributación de las personas físicas de mayores ingresos y limitar los beneficios tributarios a las personas jurídicas. Adicionalmente, se crean impuestos nuevos a las bebidas azucaradas y a los alimentos procesados. El gobierno también planea imponer impuestos a la exportación de petróleo, carbón térmico y oro en un intento de desalentar la producción extractiva y avanzar en la transición energética de Colombia. Esto se aleja de las promesas de campaña del mandatario de detener la exploración de petróleo y gas, que según los críticos pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país a mediano plazo. Con esta reforma, la administración de Petro afirma que podrá reducir la desigualdad y mitigar los impactos del cambio climático a través de mayores impuestos al carbono. No obstante, algunas de las ideas más radicales de Petro, como convertir al gobierno en el empleador de último recurso y expandir enormemente los subsidios, no se incluyeron en esta versión de la reforma fiscal. Ello obedece, en gran parte, al  nombramiento de José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda, un perfil más moderado que ha tranquilizado a empresas e inversores. Si el gobierno finalmente no logra la aprobación del Congreso, probablemente incluirá componentes importantes de sus objetivos fiscales en su Plan Nacional de Desarrollo.

Reforma al Código Electoral

El segundo proyecto de ley enviado al Congreso aspira a actualizar el Código Electoral colombiano. Ley de cuotas de género, inclusión de nuevas tecnologías y registro civil para comunidades étnicas son algunos de los cambios propuestos. Se trata del segundo intento de modificar dicho código; en 2020 la actualización fue aprobada en ambas cámaras pero la Corte Constitucional –en su revisión– decidió tumbarlo por vicios de forma en su trámite legislativo. El ejecutivo aspira a que la reforma pueda aplicarse a los comicios regionales del 2023, cuando se eligen alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales y concejos municipales.

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