Protestas en Francia

La revuelta ya va por su sexta noche de disturbios, con un balance de más de 500 vehículos quemados y cerca de 800 manifestantes detenidos solo en la noche del sábado 1 de julio, la mayoría en Marsella, París o Lion. La violencia de las protestas ha llevado a las autoridades locales a presionar al gobierno para que imponga el estado de emergencia, lo que supondría imponer el toque de queda, restricciones de movilidad y cierre de espacios públicos. Se trata de la enésima vez que se producen choques entre los jóvenes inmigrantes de segunda o tercera generación que viven en las barriadas populares o “banlieues” de las grandes ciudades y que no han terminado de integrarse en la sociedad francesa. A esos problemas de convivencia se suma el hecho de que en el año 2017 el gobierno francés modificó la ley para flexibilizar el uso de las armas de fuego cuando un individuo se negase a parar en un control policial. En 2022, se registraron 13 personas muertas a manos de la policía, muy por encima de los países de su entorno, un problema que no ha hecho más que prender la mecha social en un contexto ya de por sí muy depauperado. Cerca del 15% de los jóvenes de las banlieues se encuentra en paro y soportando una inflación que consume gran parte de sus rentas. Aumentar el gasto social, sin embargo, no ha demostrado ser un instrumento efectivo. El gasto público francés se encuentra en un 61% del PIB, por encima de los países de la eurozona, y los servicios básicos (transporte, vivienda o colegios) en las barriadas populares están mayoritariamente subsidiados.