07 may 2023

Se aprueba la “ley del oro”

La Cámara de Senadores aprobó la "ley del oro" en la madrugada del 5 de mayo que ya ha sido enviada al presidente Luis Arce para su promulgación en un plazo de 10 días. Esta ley permitirá al Banco Central comprar oro en bruto de las cooperativas mineras del país para convertirlo en oro moneda o lingotes y comercializarlo en los mercados internacionales.

Las compras de oro se harán en bolivianos y las ventas en dólares, con lo que la autoridad monetaria tendrá más ingresos en divisas para fortalecer las reservas internacionales, objetivo principal de esta ley. Las reservas netas de divisas de Bolivia han caído desde un máximo de más de 15.000 mill.$ en 2014 a menos de 4.000 millones en la actualidad. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que esta ley permitirá resolver la bajada “transitoria” de divisas. La oposición, sin embargo, considera que esta medida es sólo un paliativo para la profunda crisis económica que enfrenta Bolivia. La situación es muy preocupante. Al problema estructural derivado de la monetización recurrente de los déficits públicos se ha unido en los últimos tiempos la creciente carga que suponen los subsidios al consumo de gasolina y diésel, como consecuencia del aumento del precio del combustible causado por la guerra en Ucrania, así como de la disminución en el suministro de gas natural a Brasil y Argentina y la consecuente caída de los ingresos procedentes del gas natural. Esta política de generosos subsidio se introdujo en el año 2000 durante el gobierno del presidente Hugo Banzer. En 2010, Evo Morales trató de eliminarlos, pero se vio obligado a dar marcha atrás a causa del rechazo social masivo en las calles en lo que se conoció como el "gasolinazo". Desde entonces, los precios internos han permanecido prácticamente sin cambios. Un litro de gasolina actualmente cuesta en torno a 3,75 bolivianos (alrededor de USD 0.49 dólares), y un litro de diésel 3,72 bolivianos. En los presupuestos de 2022, el gobierno asignó alrededor de 700 mill.$ para este subsidio si bien según la empresa estatal de hidrocarburos, YPFB, se pagaron 1.700 mill.$. En consecuencia, se requieren grandes cantidades de divisas para importar combustible al tiempo que esta carga presiona al alza el déficit fiscal, que se estima que cerró 2022 en el 7,2% del PIB.

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