ESPECIAL VENEZUELA

│La ambigüedad estratégica de la Casa Blanca

La contundencia del golpe contrasta con una estrategia posterior ambigua, que refleja la contradicción interna del “trumpismo”: la búsqueda de resultados rápidos frente al rechazo a asumir compromisos prolongados de reconstrucción institucional en el extranjero. Por otra parte, a nivel interno, el operativo ha reavivado el debate sobre la legalidad del uso de la fuerza sin autorización del Congreso, cuestionando la vigencia de la War Powers Resolution de 1973. La justificación del operativo bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico funciona como un recurso jurídico que permite ampliar el margen de acción de Washington, pero la eficacia y legalidad de este argumento siguen siendo objeto de debate entre los expertos en derecho internacional. Días después de la operación, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que la intervención se organizará en tres fases —estabilización, recuperación y transición— mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que EE. UU. mantendrá el control del petróleo “indefinidamente” para condicionar la dirección política y económica del país. Washington parece confiar el desenlace venezolano al efecto de la presión política, económica y energética; sin embargo, la experiencia histórica advierte que la coerción, desprovista de una arquitectura política clara, suele derivar en procesos crónicos, costosos y difíciles de controlar.

│El chavismo sin Maduro: un equilibrio precario 

La caída de Maduro no ha provocado el colapso del entramado de poder venezolano. Delcy Rodríguez ha asumido el control formal como presidenta interina, pero se mueve entre la presión directa de Washington y la vigilancia de los sectores duros del régimen, cuyos principales representantes serían Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes conservan el control de los aparatos coercitivos (como responsables de las carteras de Interior y Defensa, respectivamente). La cuestión, pues, no es si el chavismo puede sobrevivir sin Maduro, sino si puede hacerlo sin fracturarse ante una incertidumbre inédita. Como gesto hacia el exterior, el nuevo Gobierno ha ordenado la excarcelación de presos políticos —cerca de una treintena, según organizaciones locales—, como una señal de distanciamiento respecto al ciclo anterior, aunque sin alterar el control efectivo sobre los aparatos de seguridad. Finalmente, la oposición de María Corina Machado ha sido relegada por Donald Trump, quien descartó que pudiera tener un papel en la transición; al mismo tiempo lanzó una advertencia directa a Rodríguez: de no cumplir con sus exigencias, enfrentará consecuencias peores que las de su predecesor. Esto refuerza la percepción de que Washington apuesta por una reconfiguración controlada desde dentro del propio sistema.

│La palanca de los recursos y la cautela del sector privado 

El factor energético constituye el eje de la estrategia de Washington, motivado por la relevancia de unas reservas que representan el 17% del total mundial y cuya composición pesada es ideal para las refinerías del Golfo de México. Sin embargo, este interés se enfrenta a una industria devastada: tras décadas de falta de inversión y mala gestión, la producción venezolana es hoy apenas una cuarta parte del máximo registrado a finales de los noventa (unos 800.000 b/d en 2025, frente a 3,5 mill. b/d en 1998) y su infraestructura está gravemente deteriorada, lo que exige inversiones masivas solo para estabilizar la producción. Según algunas estimaciones, recuperar los niveles de hace quince años requeriría inversiones por valor de más de 100 000 millones de dólares. Por ponerlo en contexto, esta cifra equivale al doble del capital invertido por todas las empresas petroleras de EE. UU. en el mundo en 2024.

En ese contexto, Trump se ha reunido en la Casa Blanca con los principales ejecutivos de la industria petrolera —incluidas Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol y Eni— para proponer que comprometan una inversión de 100 000 millones de dólares en la reconstrucción del sector venezolano. Presentó el proyecto como una oportunidad estratégica, pero bajo una advertencia: será Washington quien decida quién opera en Venezuela y sugirió que hay otras dispuestas a ocupar el lugar de quienes se muestren reacios a participar. La respuesta del sector fue dispar. Mientras Darren Woods, el CEO de ExxonMobil, describió a Venezuela como “ininvertible” bajo las actuales condiciones legales y comerciales y reclamó reformas profundas antes de comprometer capital, otras firmas como Chevron y Repsol mostraron una actitud más receptiva, aunque condicionada a la obtención de garantías políticas y jurídicas claras.

Más allá del crudo, Venezuela dispone de grandes depósitos de oro, carbón y níquel, aunque su explotación formal se ve comprometida por la presencia de grupos armados irregulares que controlan parte del territorio del llamado Arco Minero del Orinoco. Finalmente, la dimensión financiera introduce una presión crítica: la captura de Maduro ha reactivado las expectativas de fondos de inversión y acreedores internacionales, que ven en el cambio político la oportunidad definitiva para cobrar los miles de millones de dólares de deuda acumulada por el Estado y PDVSA..

│Impacto regional y mensaje global 

En América Latina, el episodio refuerza la percepción de un retorno del poder duro estadounidense. Países como México y Colombia observan con inquietud cómo la agenda de seguridad de Washington —narcotráfico, migración y ahora cambio de régimen— se amplía y se entrelaza, mientras que Cuba vuelve a situarse en el centro del radar estratégico estadounidense como aliado histórico del chavismo. Donald Trump ha reiterado que “no habrá más petróleo ni dinero” procedentes de Venezuela para Cuba, y urgió al gobierno de La Habana a “llegar a un acuerdo” con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde” para evitar mayores consecuencias económicas, un mensaje que diversos medios interpretan como un ultimátum en un momento de profunda fragilidad energética y financiera para la isla.

Este episodio sienta un precedente delicado en el orden internacional. Diversos análisis interpretan que la ofensiva de Washington sobre Caracas constituye una señal para China y Rusia de que EE. UU. está dispuesto a expulsar a las potencias rivales de su zona de influencia, así como a reorientar el manejo del petróleo venezolano hacia sus propios intereses estratégicos y energéticos, pese a que este objetivo no se formule de manera explícita en el discurso oficial. La ONU ha apelado a la cautela, recordando que los recursos naturales de Venezuela, incluido su petróleo, pertenecen a su pueblo, y subrayando que las acciones de incautación en alta mar deben ajustarse al derecho internacional para evitar una escalada de inseguridad marítima. La intervención de EE. UU. no solo redefine el equilibrio en Venezuela, sino que erosiona las normas globales y envía un mensaje contundente sobre los límites de la influencia de potencias rivales en el entorno inmediato de Estados Unidos

│Reacción China e implicaciones para Taiwán 

El Gobierno de China ha reaccionado con una "profunda conmoción" y una condena tajante, calificando la operación como una violación flagrante del derecho internacional y un acto de hegemonía que socava la soberanía de las naciones. A través de comunicados oficiales emitidos el 4 y 5 de enero, el Ministerio de Exteriores chino exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, denunciando que el uso de la fuerza para un cambio de régimen sienta un "precedente peligroso" que sustituye el orden global por la "ley de la selva".

Esta postura oficial tiene un eco estratégico inmediato en el estrecho de Taiwán. Justo unos días antes de la captura de Maduro, Pekín llevaba a cabo una escalada de maniobras militares en el estrecho de Formosa (“Misión Justicia 2025”), con el argumento de que debe fortalecer su capacidad de defensa ante posibles injerencias externas. Si bien la dinámica entre EE. UU. y China en torno a la isla sigue siendo la misma, los medios estatales chinos advierten de que la vulnerabilidad de aliados como Maduro evidencia la necesidad de disponer de una capacidad de disuasión inexpugnable, y se especula con que el ejército chino estudia ya la táctica de "descabezamiento" empleada por EE. UU. para integrarla en sus simulacros de bloqueo. Al mismo tiempo, Pekín está utilizando la crisis en Venezuela como una herramienta de propaganda, por una parte, para erosionar la legitimidad de EE. UU. en su acción internacional; y por otra, para alertar a Taiwán sobre los riesgos de confiar plenamente en la protección militar estadounidense frente a una potencia decidida a salvaguardar lo que considera su esfera de influencia bajo la doctrina Monroe.

│La "Guerra de los Petroleros" 

Tras la captura de Maduro, la presión se ha trasladado a alta mar. Las fuerzas especiales de EE. UU. han comenzado a interceptar buques de la llamada "flota fantasma" (barcos con los que Venezuela eludía las sanciones estadounidenses contra su industria petrolera) en aguas internacionales, destacando la incautación del superpetrolero Marinera tras una persecución transatlántica. Esta ofensiva busca estrangular las rutas de exportación que el chavismo utilizaba para sortear sanciones, especialmente aquellas dirigidas a China, que en los últimos meses concentró el 84% de las compras de crudo venezolano. La consecuencia inmediata de este bloqueo es la creación de un "botín flotante" de 90 millones de barriles almacenados en buques que no pueden descargar. Este inventario errante, valorado en unos 5.400 millones de dólares, representa un gigantesco desafío logístico y económico. Mientras Washington intenta utilizar este recurso como palanca de negociación para controlar la transición, la saturación de los sistemas de almacenamiento amenaza con forzar un cierre técnico de la producción interna, agravando la fragilidad de un Estado que ya no puede dar salida a su principal recurso.

│¿Groenlandia la siguiente? 

Apenas unos días después de la operación “Resolución Absoluta”, Donald Trump fijó su objetivo en Groenlandia. El presidente insistió en que el control de la isla, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, resulta vital para la seguridad nacional estadounidense. Aunque durante la campaña electoral ya había adelantado sus planes de anexión, nadie los consideró una amenaza real hasta la intervención militar en Venezuela, que ha cambiado por completo la percepción de sus palabras. En una declaración conjunta extraordinaria publicada el pasado 6 de enero, seis líderes europeos reafirmaron su apoyo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Casa Blanca afirma que el presidente y sus asesores están considerando una “serie de opciones” para adquirir Groenlandia, negociadas o no, sin descartar el uso de la fuerza militar. Incluso se habla de la posibilidad de enviar pagos únicos a la población (unas 57.000 personas) para convencerlos de que se independicen de Dinamarca y se unan a EE. UU..

Los pretextos de Trump para justificar su interés en la isla han sido variados: su potencial riqueza minera (alberga tierras raras, grafito, cobalto y cobre, minerales esenciales para la fabricación de material militar); contrarrestar la presencia china y rusa en el Ártico o cuestiones de seguridad nacional. A esto último, las autoridades danesas replican que Groenlandia ya alberga una base militar estadounidense, la base de Pituffik, y que no existen límites explícitos sobre el número de tropas que Estados Unidos puede desplegar allí (actualmente solo mantiene 200 soldados, mientras que, durante la Guerra Fría llegó a tener 10.000). También propugna que la OTAN refuerce su presencia en el Ártico.

│¿Qué podemos esperar? 

En el mercado petrolero, a pesar de la calma inicial en los mercados y de los anuncios de Washington, existe un profundo escepticismo acerca de la posibilidad real de aumentar la producción de crudo venezolano a corto plazo. Para finales de 2026, el consenso del sector sitúa el máximo realista en apenas 1,2 millones de barriles diarios, una cifra que queda muy lejos de los niveles históricos y que se topa con un "techo físico" inmediato debido al colapso de la infraestructura básica. Ante obstáculos estructurales como la crisis eléctrica, la escasez de diluyentes y la pérdida de personal calificado, cualquier reactivación productiva será necesariamente lenta y marginal, lo que convierte el retorno de Venezuela como actor relevante en el mercado global en un escenario improbable a medio plazo.

En cuanto a la estabilidad interna, el riesgo inminente para Venezuela no es un vacío de poder, sino la desarticulación gradual de los equilibrios que aún sostienen al Estado. Si bien la continuidad bajo Delcy Rodríguez y el control militar han evitado un colapso abrupto, no resuelven problemas como la economía devastada o el agotamiento social. Sin una hoja de ruta clara para la transición, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un limbo prolongado, donde la expectativa de recuperación conviviría con una alta probabilidad de conflictividad y fragmentación interna.

Desde el punto de vista del equilibrio regional, la intervención en Venezuela consolida el retorno del protagonismo coercitivo de Estados Unidos, rompe el eje Cuba-Venezuela-Nicaragua y deja a La Habana en una situación de extrema vulnerabilidad energética. América Latina parece convertida en un tablero central de la competencia estratégica entre Washington, Pekín y Moscú, donde las tensiones geopolíticas globales condicionarán directamente los márgenes de maniobra política y económica de los gobiernos de la región.

Finalmente, para el sistema internacional en su conjunto, todo este episodio proyecta un mensaje de erosión del orden multilateral, priorizando la lógica de la fuerza sobre la soberanía estatal y la diplomacia tradicional. La disposición de Estados Unidos a utilizar el poder militar directo para alterar los equilibrios políticos en su esfera de influencia sienta un precedente que, a largo plazo, introduce un factor de inestabilidad adicional en un sistema internacional cada vez más fragmentado y competitivo por el control de los recursos estratégicos.

 

Mª José Chaguaceda
Analista Senior de Riesgo País para América Latina