La máquina de guerra se agota

El colosal gasto militar, equivalente al 6% del PIB (algunas fuentes estiman que podría ser incluso mayor) triplicó el número de empresas industriales, que han pasado de 2.000 a 6.000 en apenas dos años. La tasa de paro cayó en torno al 2,8%, un mínimo histórico, una cifra que refleja tanto la intensidad productiva como la sangría demográfica provocada por las pérdidas humanas y la movilización. La necesidad de cumplir con las cuotas de producción obligó a las empresas de defensa a ofrecer salarios por encima de mercado para atraer capital humano. A ello se sumó el pago a los soldados y a sus familias en caso de que aquellos fallecieran en el frente, lo que elevó los ingresos de la población y desembocó en un boom de consumo interno, “dopado” por estos ingresos extraordinarios, que generó a su vez fuertes presiones inflacionistas. Paralelamente, las autoridades consiguieron sustituir de forma más o menos efectiva el mercado europeo, hasta entonces su principal cliente, por el asiático, en concreto China e India, lo que permitió sostener el sector exterior, otro de los tradicionales motores de crecimiento económico. Todo ello arrojó unos resultados extraordinarios: el PIB ruso creció un 3,8% en 2023 y un 3% en 2024, unas cifras que no se observaban en el país desde hacía cerca de una década.

 

Sin embargo, esa cortina de aparente inmunidad está a punto de romperse. Los datos del tercer trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 0,6%, muestran un intenso retroceso frente al mismo período del año anterior y alejan casi con toda certeza la posibilidad de alcanzar el 2,5% de crecimiento que estimaba el Ministerio de Economía el pasado mes de abril. El desafío para el Kremlin ya no es evitar la recesión, sino gestionar una economía ultra restringida y altamente inflacionaria, cuya factura real se está trasladando finalmente a los hogares y a las empresas clave del sector de los hidrocarburos.

 

El sector energético, la principal fuente de divisas y de estabilidad fiscal de Rusia, es donde la fragilidad del modelo se está haciendo más visible. En el primer trimestre de 2025, el beneficio neto de las empresas de petróleo y gas se desplomó un 45% en comparación con el año anterior. Una caída que se explica, fundamentalmente, por las sanciones estadounidenses aprobadas el pasado mes de octubre contra los gigantes rusos Rosneft y Lukoil. Estas medidas, que incluyen la posibilidad de imponer sanciones secundarias a los clientes de países terceros, ha obligado a los compradores clave, como las refinerías de la India, a reevaluar los riesgos de importar crudo ruso, y explica la caída de la cotización del crudo de los Urales, el precio de referencia en Rusia, que se desplomó hasta los 43,5$/barril en noviembre.

 

Todo ello afectó negativamente a las exportaciones de petróleo que, en noviembre, cayeron hasta los 6,86 millones de barriles diarios, 420.000 menos que en octubre. Especialmente afectadas se han visto las exportaciones por barco a través del mar Negro, que se hundieron un 42% en el último mes, como consecuencia de los ataques ucranianos contra la “flota fantasma”. El frente militar también está pasando factura a las refinerías rusas, cuya rentabilidad se hundió un 95% en la primera parte del año, atribuido al impacto continuado de los drones ucranianos.

 

La erosión de los ingresos energéticos, en un país donde éstos representan un 35% de los ingresos estatales y la mitad de los ingresos externos, no solo pone en riesgo la financiación del conflicto, sino que supone un grave problema fiscal de consecuencias más duraderas. Moscú está recurriendo cada vez más a su Fondo Nacional de Riqueza para financiar las necesidades derivadas del conflicto. De hecho, se cree que el fondo soberano que, en su momento, llegó a albergar activos equivalentes al 6% del PIB, podría haber agotado casi dos tercios de sus activos líquidos desde el inicio del conflicto. Una sangría que ha obligado al Gobierno a contener el gasto no bélico y a buscar fuentes de ingresos más directas. Por ejemplo, en 2025, se inició una reforma progresiva del impuesto sobre la renta para los tramos de ingresos más altos. A partir de 2026, se ha anunciado un aumento del IVA del 20 al 22%, una de las medidas más controvertidas, ya que traslada directamente el coste de la guerra a los consumidores rusos.

 

La suma del gasto militar descontrolado junto con el aumento de los precios vía impuestos está alimentando la espiral inflacionista y complicando, más si cabe, la gestión monetaria. A pesar de la fuerte desaceleración del crecimiento, el Banco Central de Rusia (CBR) en la pasada reunión de octubre aplicó un recorte de 50 puntos básicos del tipo de interés oficial, hasta dejarlo en el 16,50% anual, lo que refleja que las expectativas de inflación se mantienen elevadas. Este dilema obliga al CBR a mantener una política restrictiva que, si bien combate los precios, eleva el coste del crédito y congela toda inversión fuera de la esfera militar.

 

El panorama para 2026 es sombrío. El modelo de financiación del conflicto mediante el gasto deficitario está llegando a su límite. Con la previsible contracción de la inversión, la demanda civil contenida y un sector exterior amenazado por la imposición de sanciones el estancamiento económico parece inevitable. La economía rusa ha demostrado su capacidad para sostener el gasto bélico en el corto plazo, pero al precio de sacrificar su futuro crecimiento.

 

Con este escenario, las cuestiones que sobrevuelan son evidentes: ¿hasta cuándo podrá Moscú sostener esta sangría económica? Además, se pone de manifiesto que el verdadero aspecto que define el futuro del conflicto ya no es militar, sino fiscal: ¿se ha plegado finalmente el Kremlin a negociar la paz por la presión estadounidense o por garantizar su propia supervivencia económica?.

 

Lucía Bonet
Analista Senior de Riesgo País para Europa, Rusia y Asia Central