Nuevo obstáculo: el acuerdo, en manos del TJUE

En una votación muy ajustada, la Eurocámara ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) un dictamen sobre si la base jurídica del paquete —acuerdo de asociación y acuerdo comercial interino— y algunos de sus elementos encajan con los Tratados. No es un “no” al contenido, pero sí congela el trámite parlamentario y supedita el calendario al tribunal. El foco está en el mecanismo de reequilibrio, una cláusula que permitiría a la parte perjudicada pedir compensaciones o medidas correctoras si, tras la firma, un cambio normativo en la otra parte reduce el acceso al mercado o encarece sus exportaciones; varios eurodiputados temen que eso reduzca, en la práctica, el margen de la UE para aprobar nuevas reglas, lo que afectaría a su autonomía regulatoria. Aun así, la petición no excluye una aplicación provisional del tramo estrictamente comercial: la vía requiere que al menos un país de Mercosur lo ratifique y que la UE adopte los actos internos necesarios —en especial, una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión— para autorizar esa aplicación y delimitar su alcance. La entrada en vigor plena del acuerdo de asociación, en cambio, exige un recorrido más largo, con ratificaciones adicionales —incluidas las nacionales para las partes no estrictamente comerciales— y queda políticamente condicionada a lo que diga el TJUE. En juego no está solo el calendario, sino la credibilidad de la UE como socio. Si Europa firma y después se atasca, no solo pierde tiempo: también retrasa beneficios económicos y reduce su capacidad de proyección fuera de sus fronteras.