Cambios legales para impulsar a las pymes exportadoras

Las exportaciones se han convertido en uno de los motores de la economía española. Según el último dato publicado, en el mes de marzo subieron un 12,5% respecto al mismo período del año anterior. Esto rompe la ralentización que habían mostrado los meses anteriores y que había activado algunas alarmas en el Gobierno. Apuntalar está tendencia es una prioridad para la economía  española y en esa línea se enmarca la decisión tomada hace unos días por el Gobierno, anunciada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de modificar dos legislaciones claves en materia de exportación para las pymes. La primera afecta al Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses, más conocida como CARI.  Se trata de un sistema de apoyo financiero oficial que actúa como una especie de seguro para los créditos solicitados con el objetivo de financiar actividades de exportación. Gracias a este apoyo estatal indirecto los bancos pueden ajustar más el tipo de interés al que conceden al dinero. De esta forma el Gobierno intensifica su papel como garante de la actividad crediticia de la banca y mejora el tipo de interés de los bancos que luego prestan a los exportadores. La medida busca incentivar el uso de este instrumento y, sobre todo, disipar los riesgos inherentes a las actividades exteriores que tanto asuntan a las entidades financieras. También ha sufrido cambios otro de los vehículos financieros para incentivar la exportación, el  Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX). Hasta ahora, este sistema de ayudas permitía la inversión directa en el accionariado de las compañías exportadoras, durante un tiempo limitado. Desde ahora, el FIEX podrá también participar en vehículos o fondos de capital expansión con los apoyos oficiales ya existentes o que se establezcan. Además de en fondos de inversión privados, que fomenten la internacionalización de la empresa o de la economía española. Todo esto será posible siempre que los proyectos cumplan unos requisitos básicos, como ser proyectos viables y privados, pero que reporten algún beneficio para España o las empresas españolas. Además, deben ser proyectos medianos con un volumen de facturación entre los 250.000 euros y un máximo de 30 millones de euros. La dotación anual de estas ayudas, en 2015, es de 828 millones de euros.