Sanciones para demoras en el pago a pymes, cada vez más cerca

La Ley de Morosidad

Cualquier empresa pequeña y media que trabaje con la Administración Pública o con las grandes empresas tiene claro que si hay una ley en España que sea papel mojado, esa es la Ley de Morosidad. Por más que la ley fijara en 2013 unos plazos máximos de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas. La realidad es que la demora se alarga demasiadas veces a los 70 días, y la práctica de pagar a 90 o 120 días es todavía una regla impuesta a proveedores sin margen de negociación

Presente y futuro

Las estadísticas no engañan y el Gobierno lo sabe. Son muchas las pymes que se han quedado en el camino durante esta crisis, incapaces de gestionar el desfase financiero al que le somete las abusivas prácticas de demora en el pago de grandes corporaciones públicas y privadas. Si atendemos a lo ocurrido esta semana en el Congreso, esta situación podría tener los días contados. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a introducir penalizaciones fiscales para empresas del sector privado que incumplan la Ley de Morosidad. Apenas unas horas después de que Montoro pronunciara estas palabras, el pasado martes en el Congreso de los Diputados la práctica totalidad de los grupos políticos se ponía de acuerdo para apoyar una proposición no de Ley de Ciudadanos en la que se solicita un sistema de sanciones para las empresas que pagan con retraso a las Pymes.

Diferencia de opiones

El texto presentado por Ciudadanos establece la posibilidad de aplicar multas cercanas al millón de euros.  Pero, según ha explicado El Indenpendiente, la implantación de estas medidas no será inmediata puesto que es probable que el texto de Ciudadanos sea modificado o superado por una propuesta propia del Partido Popular. Las principales diferencias entre el texto de partido liderado por Mariano Rajoy y el de Albert Ribera están en cómo deben canalizarse las multas o sanciones. Mientras el PP, según explicó Montoro, se decantaría por imponer sanciones tributarias, Ciudadanos es partidario de las multas directas e incluir en el texto que la Administración también pueda ser objeto de sanción. El texto elaborado por el equipo de Rivera establece sanciones leves cuando se pacten entre las partes plazos que excluyan las vacaciones, por ejemplo.

Multas y sanciones

Los incumplimientos graves serán aquellos en los que el pagador supere en 20 días el plazo de pago establecido por la Ley, 60 días. Ahora, la media anual es de 77 días de demora en pago por parte de las administraciones públicas. Se aplicarán sanciones leves cuando se pacten plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos vacacionales. La cuantía oscilará entre los 60 y los 2.045 euros. Las graves serán aquellas que las que se dé, al menos, una de las siguientes situaciones: - La demora supere los 20 días sobre el plazo legal de pago -Se detecten pactos en perjuicio del acreedor -Haya cláusulas sobre el cómputo del plazo o sobre las consecuencias de la demora -La reincidencia: acumular más de tres infracciones leves será falta grave Por último, el documento establece como infracciones muy graves la demora de más de 60 días, la resistencia en la colaboración con la autoridad inspectora, la falsificación de facturas o la reincidencia en dos infracciones graves. Cualquiera de estas multas además de la cuantía económica conlleva la obligación de abonar las deudas pendientes de pago, intereses de demora incluidos; además de una indemnización por costes de cobro. Tal vez el punto que más miedo genera a los morosos, es que según Ciudadanos, las empresas que hayan sido sancionadas con infracciones graves o muy graves no podrán contratar con empresas públicas. Tampoco podrán recibir ningún tipo de subvenciones, ni acceder a Crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o beneficiarse de deducciones en el Impuesto de Sociedades En último extremo, Ciudadanos contempla que cuando la especial gravedad de los hechos o el número de personas afectadas lo requieran, se podrán hacer públicas las sanciones.