Indonesia ilustra la mala gestión política de los recursos verdes

Diego Herranz - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce

El poder del dinero y de la incapacidad política, a veces, lleva a escenarios de riesgos como el que acecha a Indonesia, quizás el mercado emergente más dinámico fuera de la órbita BRICS de los últimos años y, más en concreto, a su hoja de ruta hacia la neutralidad energética. Porque el notable fondo de combate contra el cambio climático de Yakarta, dotado con 21.500 millones de dólares, y que tenía como uno de sus cometidos de mayor calado la reducción en más de 290 millones de toneladas de CO₂ las emisiones de su sector energético para 2030 -alrededor de un 20% por debajo de los niveles de polución que genera este año- no parece bien configurado para lograr sus objetivos.

Cuando en 2022, el Gobierno indonesio lanzó su iniciativa para limpiar su sistema energético en el que se involucraron potencias industrializadas e instituciones financieras multilaterales -y los préstamos y aportaciones del sector privado y del mercado- los líderes mundiales eligieron a la nación del sudeste asiático, la de mayor población musulmana del mundo, como una avanzada a su tiempo, dentro del continente asiático, y tildaron su acuerdo como “extraordinario, realista e históricamente oportuno”. Con vistas a la contribución global de cada nación para formalizar unas emisiones netas cero en 2050.

Sin embargo, casi diez meses después de su bautismo internacional, los dirigentes de Yakarta no tienen demasiados motivos para exhibir su estrategia. La mayor parte del arsenal inversor se ha postpuesto y los partidos siguen sin acordar las fórmulas de gobernanza y gestión de los recursos del mayor exportador de carbón del mundo. Y, para más inri, el más ambicioso de los proyectos con financiación internacional, el Just Energy Transition Parnerships, diseñado para interrumpir las emisiones de CO₂ de forma progresiva y agresiva, no está funcionando. En concreto, los que se vincularon a la creación de mecanismos de captación de carbono en las plantas de carbón de uso industrial.

“El motor del proceso ha empezado a gripar”, admite Edo Mahendra, que preside el secretariado del JETP, y añade “una vez que encendimos el botón de arranque, los fallos estructurales comenzaron a emerger” en la economía que mayor polución genera de la región del Sudeste Asiático. En 2019, llegó a emitir el 40% del dióxido de carbono de la zona según datos del World Resources Institute Climate Watch.  

El presidente indonesio, Joko Widodo, valoró el plan como “una lección a la comunidad mundial” que instará a su “réplica a otros países que compartan los importantes objetivos climáticos que deben promover la cooperación internacional” el pasado mes de noviembre, en Bali, durante la cumbre del G-20 y en presencia de Joe Biden. Países como Senegal, en junio, o Vietnam, que ya ultima su propio JETP, han seguido, efectivamente, la estela de Yakarta, cuya credibilidad ha ido menguando.  

Hasta el punto de que su plan se encuentra ahora bajo revisión. A escasos días del COP28 que se celebrará en Dubái de finales de mes. Tanto los recursos monetarios, como la meta de emisión conjunta o los mecanismos de sustitución del carbón o la paralización de los cambios normativos indispensables para poner en marcha la agenda verde indonesia se encuentran en un limbo legislativo y ejecutivo.

Así, los 21.500 millones de dólares se han dividido en dos entregas, con lo que el capital inicial se reduce a 11.500 millones, la mayor parte garantías y créditos concesionales donados por los socios del G-7, además de Dinamarca y Noruega. El resto, ha pasado a ser responsabilidad de un sector privado que deberá liberar los recursos de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Sin que haya garantías plenas para su entrega a las autoridades de Yakarta. Y los 289 millones que se han puesto en liza están a expensas de la evolución crediticia internacional y de sus tipos de interés, casi todos crecientes para contener la persistente inflación global.

A los obstáculos financieros se une el retroceso de los objetivos de recorte de emisiones y de los proyectos de captación de CO₂ de sus plantas de níquel o de carbón en uno de los exportadores de minerales críticos para la fabricación de baterías y para la industria automovilística que siguen utilizando la mayor parte de sus circuitos de extracción, manufacturación y venta -al mercado doméstico y a destinos en el exterior- con hidrocarburos fósiles. Los datos oficiales reconocen que la actual capacidad de captación de emisiones alcanza los 13 Gigavatios, lejos de los 40 que se establecieron en la hoja de ruta verde del país. La tercera parte de sus compromisos. 

A ello se suma la centralización de los fondos, que obstruye sus solicitudes y entorpece su puesta en liza por los elevados trámites burocráticos y las lagunas legales de su acervo regulatorio. En medio de peticiones expresas a que se apliquen los mecanismos anticorrupción y a que se agilice la administración de los mismos de manera eficiente y transparente. O “la compleja y poco fiable valoración de las plantas mineras estatales, muchas de las cuales se encuentran en la antesala de quiebras o en situaciones de pérdidas de activos continuados”, explica el director de una de ellas, la compañía PT Sarana Multi Infrastruktur, Edwin Syahruzad, a la agencia Bloomberg.  

A pesar de esta sucesión de inconvenientes, desde la Casa Blanca se confía en que Indonesia sea capaz de reconducir su road map climático y restaure los recursos, la financiación y los objetivos que deben conducir al país a liderar al Sur Global en la travesía hacia la neutralidad energética. Un desafío que suscribe Aditya Lolla, responsable del Programa Asia de Liderazgo Climático del think-tank Ember, para quien esta interrupción de la iniciativa verde indonesia ha generado el suficiente debate y un volumen de frustración tal que se está gestando la conciencia política y social de que no puede haber marcha atrás”. Para Lolla, “la ciencia se impondrá a la locura” […] también en Indonesia.