Primera semana de Trump en el cargo

Abordó, sin embargo, las cuestiones más puramente ideológicas con el objetivo de borrar de un plumazo el legado de Biden. El primer decreto fue la derogación de 78 órdenes ejecutivas de Biden relacionadas con todo, desde el fomento de la equidad racial y la sanción a los colonos extremistas israelíes en Cisjordania, hasta el refuerzo de Medicaid y la promoción del acceso al voto. A partir de ahí pasó horas y horas firmando decretos: limitó el poder de las agencias federales, suprimió el teletrabajo para los empleados federales, indultó a las 1.500 personas que participaron en el Asalto al Capitolio de 2021 y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre emisiones; también de la OMS o del acuerdo de la OCDE para implantar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, que afecta fundamentalmente a las compañías tecnológicas. No obstante, se ha dado más margen para adoptar las medidas de mayor calado económico. En lugar de imponer aranceles de inmediato, Trump ha pedido tres informes de revisión comercial antes del día 1 de abril. De esta forma, el nuevo inquilino de la Casa Blanca estudiará si imponer o no un arancel global a todas las importaciones estadounidenses, revocar el estatus comercial de China o continuar o ampliar los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio o sobre los vehículos eléctricos chinos de la era Biden. En lo relacionado con la política migratoria, Trump ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México, lo que permite una mayor presencia militar en las zonas fronterizas, y ha interrumpido de forma indefinida el proceso de asilo en Estados Unidos. Además, en algunas ciudades gobernadas por los demócratas, como Chicago, ya han comenzado los arrestos masivos de inmigrantes indocumentados. Se calcula que hay aproximadamente 11 millones de personas en EE.UU. sin estatus legal permanente. Pese a que Trump ha prometido llevar a cabo una deportación masiva, los obstáculos financieros, legales y logísticos en cada paso del proceso de identificación, detención y expulsión van a limitar la capacidad del Gobierno. Eso sin tener en cuenta el enorme impacto económico que tendría en sectores como el agrícola o la construcción, donde los inmigrantes componen una parte fundamental de la mano de obra.