El futuro incierto de la City tras el acuerdo del Brexit

La sexta y última prórroga para el entendimiento entre Londres y Bruselas se ha saldado con 11 meses de duras y tensas negociaciones. El Día de Navidad de 2020 concedió un alivio general a banqueros, inversores, empresarios, industriales, camioneros -enclavados a ambas orillas del Canal de la Mancha- trabajadores y profesionales, al sector pesquero, el último en poner contra las cuerdas a las dos partes, y millones de emigrantes que se tornó de inmediato en tensa inquietud ante el impredecible experimento contractual forjado a golpe de reloj para llegar con un mínimo acervo normativo al 1 de enero de 2021. “Vamos a tener que aprender a emprender la senda marcada por el acuerdo y cómo llevarlo a cabo”, afirmó Shane Brennan, ejecutivo jefe de la Cold Chain Federation, la patronal y lobby de las empresas logísticas británicas. “Esperemos que sea fructífero, y que concluya mejor de lo que va a empezar, aunque será lento, complejo y, sobre todo, tortuoso y muy caro”. Las palabras de Brennan ilustran la preocupación que surgió tras el anuncio de concordato.

Distribuidores británicos y europeos se afanan desde entonces en preparar los primeros cientos de miles de certificados de nueva exportación para permitir el intercambio de alimentos diarios y las inspecciones sobre las importaciones en una y otra nueva jurisdicción. Un dilema que también tendrán que afrontar el amplio sector servicios, desde la industria financiera, hasta profesionales liberales -arquitectos, abogados y consultores, entre otros- para cumplir con los criterios de las 1.246 páginas del acuerdo. Segmento que representa el 80% de la actividad económica de Reino Unido. Y el amplio censo de inmigrantes procedentes de la UE, que pasarán a ser considerados como tales, y que tendrán que hacer uso de visados y plácets de permanencia para continuar con sus actividades. Porque, “desde el 1 de enero, todo el panorama habrá cambiado y el periodo de transición se habrá cerrado”, afirma Maike Bohn, cofundador de 3million, una consultora que apoya a los ciudadanos europeos en Reino Unido en sus estrategias de defensa de sus puestos laborales y de sus alquileres o propiedades en suelo británico.

El voluminoso dossier firmado por Londres y Bruselas está lejos de ser comprensible a primera vista. Casi sin tiempo para su entrada en vigor. No deja vestigios claros del futuro de la City de Londres, el hub financiero por excelencia del Viejo Continente, ni a sus gestores de fondos, ni a las compañías aseguradoras y hedge funds que se han establecido en la parte noble londinense durante décadas. La industria bancaria británica colocaba 37.000 millones de euros en servicios financieros cada año en el mercado interior de la UE, beneficiándose de su economía integrada, que facilitaba su contratación y el tránsito de negocios transatlántico, con la City como vehículo de intermediación.

El tratado deja a las firmas financieras sin la habilidad para ofrecer servicios a miles de clientes y diluye su permisividad y celeridad para conceder préstamos a negocios que se sitúen en Venecia o Madrid. Una correlación crediticia que reportó en 2019 un superávit de 22.000 millones de euros a Reino Unido, frente al déficit de 125.000 millones del comercio de bienes y mercancías. Desde la perspectiva británica, “el resultado del acuerdo favorece a la UE, que retiene todas sus ventajas comerciales, particularmente, de mercancías, mientras Londres pierde todos sus privilegios en el sector servicios”, alerta Tom Kibasi, ex director del Institute for Public Policy Research, think-tank con sede en la capital británica. En alusión a que el acuerdo retira las onerosas tarifas que hubiera supuesto un Brexit duro. La capacidad negociadora del 10 de Downing Street -aclara Kibasi- era inferior, dado que tenía que valorar las distintas reglas de juego financieras nacionales de los estados miembros de la Unión, el diferente tamaño de sus industrias bancarias y las posibilidades de seguir accediendo a cada uno de los mercados.

Por el contrario, Bruselas ha jugado bien sus cartas, poniendo sobre la mesa la amenaza de instaurar aranceles de calado dentro de su conectado mercado interior. Además, la UE se reserva el uso de la supervisión habitual por parte de sus reguladores sobre los futuros servicios financieros británicos, lo que añade presión a este segmento productivo esencial para la quinta potencia económica del planeta. “Imaginad si cogemos Reino Unido y lo movemos a Canadá o Australia”, propone Davide Serra, ejecutivo jefe de Algebris, firma de gestión de activos con oficinas en varias capitales europeas: “es lo que va a suceder con los servicios financieros; Reino Unido pasará a ser un centro residual”.