Algunas de las principales ayudas para impulsar una ‘startup’

Emprender es una tarea ardua, dado que los recursos suelen ser escasos, la competencia es muy fuerte y la obtención de clientes no resulta sencilla. No en vano, una gran parte de las empresas de nueva creación fracasa en sus primeros doce meses de vida. Para intentar impulsar su despegue y su crecimiento, existen ayudas públicas a todos los niveles administrativos y, también, de carácter privado que es importante conocer. El asesoramiento profesional para identificar estas ayudas y, en su caso, presentar los documentos necesarios para optar a ellas en las mejores condiciones de éxito, es siempre fundamental en estos casos.

El papel de la nueva Ley de Startups

A finales de 2022, se publicó en el BOE la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más comúnmente conocida como Ley de Startups. Su objetivo es contribuir al desarrollo de nuevas compañías y, con ello, modernizar el tejido productivo español.

Este texto ofrece incentivos fiscales y laborales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como otros beneficios como, por ejemplo, simplificar los trámites para la constitución de startups. Desde la óptica fiscal, el documento reduce el tipo impositivo en los impuestos sobre la renta de los no residentes y de sociedades, que pasa del 25% general al 15% durante los primeros cuatro ejercicios con base imponible positiva.

Por otro lado, la base máxima de deducción por inversión en empresas nuevas o recientes se eleva de 60.000 a 100.000 euros al año, mientras que el tipo de deducción pasa del 30% al 50%.

Ayudas directas

Existen en la actualidad muchas ayudas para las startups. Por ejemplo, a nivel regional algunas comunidades autónomas ofrecen subvenciones para el establecimiento de los trabajadores autónomos o facilidades financieras para la obtención de créditos financieros. Del mismo modo, es relativamente frecuente para los trabajadores en situación de desempleo capitalizar el paro y cobrar el dinero para iniciar su negocio.

A nivel más global, cabe destacar otras ayudas de las que pueden beneficiarse, según cada caso, las startups:

• El Fondo Next Tech, impulsado por el ICO y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, destina unos 4.000 millones de euros al fomento de los proyectos digitales innovadores de alto impacto. Las subvenciones pueden llegar a suponer hasta el 49% de la inversión de cada proyecto.
• Por su parte, la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), presta apoyo financiero a través de préstamos participativos de hasta nueve años a las startups que quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador.
• El CDTI tiene activo su Programa INNVIERTE que promueve subvenciones del Programa Marco de I+D de la UE o directamente préstamos parcialmente reembolsables.
• El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la Escuela de Organización Industrial (EOI) gestionan el programa Activa Startups, cuyo objetivo es potenciar la innovación y el crecimiento de empresas emergentes a través del desarrollo de entornos colaborativos y de la digitalización. Contempla una inversión de 44 millones de euros procedente del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE).
• Además, el ICO ofrece préstamos para financiar proyectos de inversión y de digitalización de startups. Cada inversión tiene un límite máximo de 12,5 millones de euros.

Junto a todas estas ayudas, cabe recordar que Cesce, además de ofrecer su ya conocida Póliza Emprende, recientemente ha lanzado las nuevas Pólizas Verdes que apuestan por la mejora de las condiciones de cobertura de las exportaciones verdes y, además, se ha creado un nuevo seguro para las inversiones verdes en el exterior. El objetivo de estas pólizas es apoyar a las empresas que participen en proyectos de exportación o de inversión exterior que contribuyan a preservar el planeta. 

En los proyectos de inversión, Cesce ofrece una cobertura máxima de hasta el 80% de los riesgos comerciales como consecuencia de morosidad, quiebra o suspensión de pagos del deudor; y del 99% en los proyectos de exportación y en el resto de los riesgos asociados a inversiones, tales como riesgos políticos, por ejemplo, debido a situaciones de violencia política, sucesos catastróficos, dificultades económicas graves en el extranjero, expropiación, nacionalización del deudor o garantes, medidas adoptadas por el gobierno español o por un gobierno extranjero, etc.