03 feb 2025

Cómo romper el lastre de la violencia sobre la economía en América Latina

El FMI avisa del círculo vicioso que el alto índice de homicidios provoca sobre el clima de negocios latinoamericano, que resta 3,4 puntos al crecimiento anual de su PIB.

Diego Herranz - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce

 

La inseguridad ocasiona “un desproporcionado impacto sobre el desarrollo socioeconómico de los países de América Latina”. El FMI ha mostrado una significativa preocupación por los índices de criminalidad de una región que, a pesar de que acapara el 8% de la población mundial ostenta una tercera parte de los homicidios del planeta. “Es el momento -afirma un reciente diagnóstico de la institución multilateral- de romper con el círculo de bajo crecimiento provocado por la tasa de violencia” porque las estadísticas criminales en la región son “alarmantes” y demandan unos enfoques estratégicos que contribuyan a su erradicación.

Los nuevos cálculos analíticos de la base de datos del FMI revelan que la inseguridad y los bajos niveles de crecimiento se interrelacionan para crear un “círculo vicioso” que desincentiva a los flujos de inversión, reduce el turismo y acelera la emigración. Desde el punto de vista económico este estado de “permanente inestabilidad” provoca, además, recesiones, espirales inflacionistas y mayores desigualdades sociales, además de amplificar todos estos efectos a través de cárteles y asociaciones criminales que minan la autoridad institucional de sus estados, actúan al margen de la ley y se desenvuelven en la economía sumergida. 

Este reciente paper del FMI cuantifica las pérdidas directas de la violencia en la región en nada menos que 3,4 puntos porcentuales del PIB al año. Entre estos costes, figuran los retrocesos en productividad debido al descenso de la población activa, gastos en seguridad del sector privado y dotaciones públicas para mantener el orden que, en conjunto, equivale al 80% de las partidas presupuestarias que las naciones de la zona destinan a educación, y el doble de sus cheques de asistencia social.    

“Pero el impacto de la criminalidad no acaba aquí”. También debilita el poder de resiliencia de sus sistemas económicos y condena a la región a unas bajas tasas de dinamismo. La investigación del Fondo también revela que obstruye la innovación y reduce la productividad de las empresas y que condiciona “tremendamente” los negocios. En sentido contrario, sus análisis predictivos hablan de que la contención de las tasas de homicidios en los municipios de la región aumentaría la producción en más de un 30%. Y, si la región lograra recortar los indicadores de criminalidad al promedio global, el PIB latinoamericano crecería medio punto porcentual cada año. 

También la inestabilidad macroeconómica supone un carburante para la violencia regional. Una etapa recesiva en América Latina está asociada a un incremento de los homicidios del 6% al año siguiente, mientras que un salto inflacionista de 10 puntos eleva en la misma proporción la tasa de siniestralidad criminal con un ejercicio de retardo. Todo ello “exacerba” los vínculos entre el estancamiento de la economía y la escalada de la criminalidad.

Para quebrar esta tendencia, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, según sus siglas en inglés) han emitido una serie de recomendaciones concertadas que se sustentan sobre dos actuaciones institucionales. La primera, enfocada a las autoridades económicas, que deben perseverar en sus agendas de estabilidad económica y de generación de redes de seguridad más robustas hacia sus sociedades, con el fin de crear oportunidades y reducir las desigualdades. Las entidades financieras también deben contribuir con un posicionamiento firme a destruir la red de organizaciones criminales que operan de forma ilícita en los mercados, no solo cortando todo flujo financiero, sino denunciando cualquier indicio de blanqueo de capitales o elusión tributaria para interrumpir los cauces de sustento financiero del crimen organizado. La segunda, dirigida a los ministerios de estado, para que adopten un papel más activo en la monitorización vigilante de los grupos criminales, supervisen y controlen tanto los riesgos como objetivos delictivos de sus entramados operativos y refuercen con otras agencias la coordinación de sus operaciones transfronterizas.  

Ambas instituciones multilaterales ponen como ejemplo positivo el respaldo que ha sido capaz de instaurar un país como Jamaica, con el respaldo del FMI y el IADB. A través de reformas que han protegido las inversiones públicas y los gastos sociales de forma exitosa sin empeorar los niveles de deuda entre 2012 y 2022 y que lograron reducir la tasa de violencia en un 68%.

“Los ejecutivos deben priorizar el uso de recursos de forma más efectiva” porque los gastos en seguridad son ya “elevados”, en torno al 1,9% del PIB o el 7,4% de los desembolsos de cuentas públicas. Los responsables de Hacienda y de las agencias tributarias necesitan una comprensión global de todos estos costes para establecer unos criterios de gastos preferenciales que rebajen los impactos económicos de la criminalidad por áreas geográficas. Además de disponer de todo tipo de instrumentos de supervisión y evaluación de los fenómenos delictivos y de los resultados de sus acciones.

En paralelo, además, el combate contra la criminalidad organizada requiere una cooperación en el ámbito regional a gran escala y de forma permanente. “En la actualidad, es insuficiente” dicen los análisis del FMI, que destacan la insolación, las reacciones ineficientes y los acuerdos con una incidencia de fragmentación demasiado alta como para obtener resultados satisfactorios. “Se necesita “una mayor involucración de los departamentos de Justicia, Seguridad y Desarrollo de los gobiernos”, además de la participación de la sociedad civil y de los actores empresariales en la creación de “alianzas” que movilicen recursos financieros, humanos y de capital.  

“La colaboración regional es crucial para destruir la sofisticada y tupida red de interconexiones del crimen organizado que deteriora el estado de derecho, el orden legal y la estabilidad de las economías” y que “deterioran los niveles de vida” y las oportunidades de “prosperidad social”.

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