01 dic 2025
Algunas de las principales claves legales y fiscales para una pyme
El entorno legal y fiscal de las pymes exige especial atención a los cambios en el Impuesto de Sociedades, que incluye tipos reducidos para microempresas y pequeñas empresas, así como a la implantación obligatoria de los nuevos sistemas de facturación electrónica y trazabilidad contable. Las obligaciones periódicas de IVA, IRPF y cotizaciones siguen siendo esenciales, junto con un mayor foco en transparencia y control interno. La adaptación a estos cambios requiere planificación, revisión de procesos y herramientas adecuadas. Cumplir rigurosamente no solo evita sanciones, sino que fortalece la competitividad y la credibilidad de la pyme.
Carlos Sánchez - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce
Para una pyme, mantenerse al día con las obligaciones legales y fiscales no es simplemente una carga administrativa, sino que es una cuestión de prudencia económica, sostenibilidad y competitividad. El contexto normativo presenta tanto oportunidades como retos que todo gestor debe conocer para dirigir la empresa con seguridad y proyección.
Tratamiento fiscal de las pymes
Uno de los cambios más relevantes que se ha producido recientemente afecta al tratamiento fiscal de las pequeñas y medianas empresas. El porcentaje general de impuesto de sociedades se mantiene en el 25%, pero para pymes y microempresas se han previsto reducciones progresivas del tipo impositivo, lo que representa un alivio fiscal interesante.
De este modo, para microempresas (aquellas con volumen de negocio inferior a 1 millón de euros), el tramo impositivo es del 21 % para los primeros 50.000 € de base imponible, y del 22% para el resto. Para pequeñas empresas, el tipo se sitúa en 24% con la intención de reducirlo gradualmente en los siguientes años.
Para nuevas empresas con beneficios desde su constitución, sigue vigente un tipo reducido especial, algo que puede favorecer la creación de start-ups o la transformación de autónomos en sociedades cuando la cifra de negocio justifique dicha forma jurídica.
Estas modificaciones ofrecen una ventana de oportunidad: para quienes facturan modestamente, la menor carga fiscal puede liberar recursos para reinversión, digitalización o inversión en mejoras.
Facturación electrónica y trazabilidad
Un aspecto clave es la regulación relativa a la facturación electrónica y la trazabilidad de registros contables. El reglamento aprobado en 2023 para regular los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) ha sido modificado mediante el Real Decreto 254/2025, al objeto de ampliar los plazos para su cumplimiento. La fecha límite para que sociedades (contribuyentes del Impuesto de Sociedades) adapten sus sistemas será el 1 de enero de 2026.
El objetivo es garantizar la integridad, conservación, legibilidad, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, eliminando la posibilidad de contabilidades paralelas o “cajas B”. Para una pyme esto implica revisar el software contable o de facturación que se utilice, y confirmar que cumpla con la normativa. El incumplimiento puede acarrear sanciones importantes, además de poner en riesgo la solvencia frente a inspecciones.
Obligaciones en IVA, IRPF y cotizaciones
Para los autónomos, la fiscalidad personal (impuesto sobre la renta, IRPF) mantiene los sistemas de estimación directa —normal o simplificada— y los límites y reglas de deducción recientes, incluyendo una mayor flexibilidad en gastos mixtos (vivienda, vehículo), siempre que estén correctamente justificadas y con medios electrónicos.
Además, para autónomos y empleados, las cotizaciones a la Seguridad Social continúan siendo un componente relevante del coste laboral. Y más allá de los impuestos directos, las pymes deben considerar otros costes regulatorios: obligaciones laborales, documentación, seguridad social, convenios colectivos, retención fiscal, etc. El cumplimiento escrupuloso de todas estas obligaciones no solo es esencial para evitar sanciones, sino también para construir una estructura sólida y fiable de cara a socios, inversores y entidades financieras.
Transparencia, buen gobierno y riesgos regulatorios
Las obligaciones legales de una pyme no se limitan al ámbito fiscal. La exigencia de modelos organizativos que garanticen la integridad contable y la transparencia adquiere especial relevancia. El reglamento sobre sistemas de facturación no es una mera formalidad: representa un cambio cultural, obligando a las pymes a repensar cómo gestionan sus procesos internos, cómo registran sus operaciones, facturas y pagos, y cómo garantizan la trazabilidad.
Para los gestores, esto implica revisar protocolos internos, formar al personal, documentar procesos, y en muchos casos invertir en herramientas de gestión digital homologadas. Pero también representa una oportunidad para profesionalizar la empresa: un sistema contable ordenado y transparente genera confianza ante clientes, proveedores, bancos y posibles inversores. Además, ante revisiones fiscales o auditorías, disponer de registros claros, completos y homologados puede ahorrar tiempo, sanciones y reputación.
En definitiva, para un gestor de pyme dominar las claves legales y fiscales no es una cuestión secundaria: es un pilar esencial de la viabilidad y el crecimiento. Las novedades normativas —reducción progresiva del tipo de sociedades, obligación de factura digital homologada, refuerzo del control fiscal— constituyen tanto riesgos como oportunidades.
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